51.- La opción de acciones de reparación del infortunio obrero y el ejercicio subsidiario de las mismas - RJCornaglia

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En revista Doctrina Laboral, Errepar, Buenos Aires, mayo de 1992, Año VII, n° 81, tomo VI, pág. 532. También publicado en una versión ampliada y reformada, en la Revista del Colegio de Abogados de La Plata, marzo – diciembre de 1993, año XXXIII, n° 53, pág 95.
 
 
 
LA OPCIÓN DE ACCIONES DE REPARACIÓN DEL INFORTUNIO OBRERO Y EL EJERCICIO SUBSIDIARIO O ACUMULATIVO DE LAS MISMAS.
 
 
Por Ricardo J. Cornaglia.
 
 
1. INTRODUCCIÓN.
 
 
Durante décadas fue un tema polémico clásico del derecho laboral el que correspondió a la opción prevista en el artículo 17 de la Ley 9.688 y sus alcances.
 
El texto de este artículo era el siguiente: "Los obreros y empleados a que se refiere esta ley, podrán optar entre la acción y la indemnización especial que les confiere la misma, o las que pudieran corresponderles según el derecho común, por causa de dolo o negligencia del patrón. Sin embargo, ambas son excluyentes, y la iniciación de una de ellas o la percepción de cualquier valor por su concepto, importa la renuncia ipso facto, de los derechos que en ejercicio de la otra pudieran corresponderles".
 
El dato histórico consigna, que esa norma fue redactada en una ley sancionada en 1915, que consagró la teoría del riesgo profesional, rompiendo con el modelo o antecedente, que era la ley francesa de 1898. En dicho antecedente la opción no existía. El trabajador francés solo podía reclamar por la vía de la acción tarifada. Con un concepto más generoso, el legislador argentino entendió que la conquista de la consagración de la doctrina del riesgo, no tenía que llevar ineluctablemente a la víctima, por la calidad de trabajador, a peder los derechos comunes que los regímenes vigentes en materia de responsabilidad, se reconocían en el derecho común.
 
Pasemos a comparar ahora ese texto con el art. 16 de la nueva Ley de Accidentes de Trabajo 24.028:
 
"Opción.
 
"Art. 16. El trabajador o sus causahabientes, según el caso podrán optar entre los derechos e indemnizaciones que le corresponden según el sistema de responsabilidad especial que se establece en esta ley o los que pudieran corresponderle según el derecho civil. Sin embargo, ambos sistemas de responsabilidad son excluyentes y la iniciación de una acción judicial o la percepción de cualquier suma de dinero en virtud de uno de ellos, importa la renuncia al ejercicio de las acciones y derechos y al reclamo de las indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud del otro".
 
"Para las acciones del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil con excepción de lo dispuesto en los artículos 13 y 17 de esta ley. En la Capital Federal será competente la justicia civil".
 
"Invítase a las provincias para que determinen la competencia en esta materia, según el criterio establecido precedentemente".
 
Hemos sostenido con anterioridad, que la nueva norma puso en el infierno de la incertidumbre a los abogados y jueces, ante el tratamiento del caso concreto, desde sus respectivos roles y a los legisladores provinciales, que tratan hoy la invitación formulada en el tercer párrafo.[1]
 
Aunque su texto pareciera haber sido confeccionado en franca oposición a las tesis de los últimos eventos científicos que trataron el tema de la opción, bueno resultará repasar a algunas de esas conclusiones, a las que había arribado la doctrina por intermedio de los especialistas.
 
 
2. LA RENUNCIA DE LO IRRENUNCIABLE.
 
 
La opción del art. 17 de la ley 9.688, fue interpretada asistemáticamente por la jurisprudencia y la mayoría de la doctrina nacional, creando dos sistemas no interrelacionables de responsabilidad en función de que uno de ellos, el de la acción llamada especial, se afirmaba en la reparación tarifada y el otro, denominado, como el propio de las "acciones comunes", se refería a la restante normativa de origen civil, comercial o laboral, que siguiendo los principios de la reparación "in integrum", respondía a las formas de responsabilidad por riesgo, contractual o por hechos ilícitos.
 
El debate mal saldado por la jurisprudencia produjo situaciones de manifiesta injusticia, en las que víctimas de accidentes de trabajo, en función de encuadramientos procedimentales, quedaban sin resarcir o eran resarcidas en medida inferior al daño padecido y demostrado. Todo ello violándose el principio de indemnidad, pilar fundacional donde se asienta el derecho del trabajo, desde su creación.
 
La nueva ley, sólo trae elementos que profundizarán las consecuencias de los errores procedimentales, en detrimento de las víctimas de infortunios que quedarán sin reparar. El legislador lejos de tener en cuenta las advertencias que la doctrina y la jurisprudencia formulaban, viene a reeditar más de lo malo que ya teníamos, con el propósito de desalentar el juicio de infortunio.
 
En las últimas décadas previas a la sanción de la L.A.T., la jurisprudencia se había orientado hacia una interpretación nominalista del texto del artículo 17 de la Ley 9.688. La opción -para esa jurisprudencia-, implicaba la renuncia "ipso facto" de los derechos que pudieran corresponder en otros regímenes de responsabilidad y el rechazo de la acción común no autorizaba a conceder subsidiariamente la indemnización de la ley 9.688, por cuanto dicha opción era irrevocable y excluyente.
 
La realidad enseña que las abstracciones normativas asistemáticas llevan procesalmente, a arbitrariedades. En el ámbito laboral y por emanciparse la interpretación de su sentido tuitivo, la jurisprudencia solía encontrarse en duras encrucijadas. El juez que acataba la doctrina mayoritaria, terminaba dictando sentencias, referidas a hechos debidamente procesados y probados, que debiendo ser suficientemente atributivos de responsabilidad, sin embargo no imponían la reparación del daño o la imponían por valores muy inferiores, a los que les hubiere correspondido. Con lo cual también se estaba afectando el concepto fundante del derecho privado actual de que en principio no debe quedar daño sin reparación.
 
Actualmente, en virtud del nuevo texto legal, la variable será que el juez civil de la Capital Federal, cuando se encuentre ante una interpretación simple del art. 16 que lo llevaría a rechazar una acción fundada en determinadas normas del Código Civil (por ejemplo arts. 1109 ó 1113), pero advierta que el caso quedaba encuadrado en otras formas de responsabilidad laboral, si quiere dar satisfacción a su honesto sentido de justicia; tendrá que buscar en todo el orden jurídico, los elementos que anulen los efectos de una disposición que contraviene la lógica que se desprende de la teoría general de la responsabilidad, que no conoce de límites procesales arbitrarios.
 
Por su parte, el juez laboral, que en función del precio mezquino de la tarifa, procese infortunios, que podrían haber sido reparados "in integrum", sabrá que su juicio reparatorio, por insuficiente, también será injusto. Ya que una parte del daño, indica suficientemente, que ese subsidio patronal, no puede existir sin atacar el principio de indemnidad de las víctimas y la lógica de su reparación suficiente, que del mismo se desprende.
 
En función de circunstancias de ese tenor es que hasta el presente, algunos letrados cuidadosos de los derechos en expectativa de sus clientes, interponían demandas en las que se solicitaba la aplicación subsidiaria de una u otro sistema de responsabilidad.
 
Pero además, en casos especiales y ante la prueba de hechos invocados pero no fundados en correcta forma legal en la demanda, el juez que se ajustaba a la interpretación tradicional del artículo 17, se veía obligado a librar de responsabilidad al que quedaba demostrado era autor de daños planteados y probados.
 
Esta conflictiva situación básica, no decantada en 76 años de vigencia de la ley 9.688, viene a recibir el impacto de la sanción de una nueva Ley de Accidentes de Trabajo 24.028.
 
Con el agravante de que si antes la norma hablaba de dos regímenes, el especial (propio de la tarifa) y el de las "acciones comunes" (correspondientes a la reparación "in integrum"), el artículo 16 de la nueva ley de accidentes, vino a introducir el concepto de "sistemas de responsabilidad que pudieren corresponderles según el derecho civil", con lo que la acción común laboral del art. 75 de la L.C.T., queda fuera de las previsiones legales. Ya que se trata de una acción propia del derecho del trabajo y no del civil.[2]
 
 
3. UN ENFOQUE PROCESAL QUE SE DEBE APOYAR EN LA TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD.
 
 
El tema que nos preocupa sólo puede ser profundizado, desde la teoría procesal de la acción laboral con el estudio de las relaciones de los distintos regímenes de responsabilidad, a los efectos de pluridimensionar jurídicamente una misma conducta.
 
Pero la respuesta a esta cuestión procesal, sólo se puede dar desde la correcta conceptualización de la teoría general de la responsabilidad.
 
El tema fue abordado especialmente en las "IV Jornadas Anuales Extraordinarias de Derecho del Trabajo y I Interdisciplinaria", convocadas por el Colegio de Abogados de Morón, en esa ciudad el 13 y 14 de noviembre de 1981, aprobándose en ese evento las Conclusiones de la Comisión IV, que se pasan a transcribir:
 
"La responsabilidad común o civil puede ser dimensionada con aplicación de distintos regímenes de responsabilidad. Es extracontractual, contractual (fundada en la normativa general del Código Civil o en la propia de la Ley de Contrato de Trabajo, arts. 75, 195 y 176), y objetiva por riesgo (art. 1113 del C.C.), y todos esos regímenes pueden pluridimensionarse en caso de infortunio. En ese caso, el Juez que decida en la causa deberá aplicar la norma más favorable al trabajador para decidir, sometiendo a la sistemática del derecho del trabajo y la naturaleza jurídica laboral, las acciones planteadas".
 
"El régimen de responsabilidad civil aplicable a una acción laboral por daños y perjuicios, en especial en cuanto a la extensión del resarcimiento y sus nexos de causalidad, no deja de integrarse al sistema jurídico laboral. Y es la sistemática aplicable la que determina la naturaleza de la acción".
 
Y más adelante, con referencia a las obligaciones de seguridad y previsión.
 
"La responsabilidad del empleador emergente de los arts. 75, 195 y 176 de la L.C.T., es de naturaleza contractual, y se caracteriza como obligación de resultado, por el texto de la ley 21.297 y en especial por las disposiciones de las leyes de seguridad e higiene, a las que remite el primero de los artículos mencionados".
 
"La acción del art. 75 de la L.C.T. tiene ahora para fundarse normativa laboral pura. Es una acción que puede denominársela común, porque no es especial en cuanto a la integración con sistema alguno de tarifación. Que no pierde su naturaleza laboral, porque el sistema resarcitorio debe ser complementado por la mecánica operativa del C.C. en su art. 505.
 
"Esta acción de naturaleza laboral no tarifada (acción laboral común o común laboral, como quiera llamársela), será además contractual, no con referencia a cualquier contrato, sino con referencia al contrato de trabajo que es un contrato especial, con una sistemática jurídica de referencia a la que nunca podrán ser ajenos los principios generales de nuestra materia y que por lo tanto, como acción (en el sentido final dado por Couture, al derecho constitucional de peticionar), sólo podrá ser juzgada dentro de la sistemática laboral, siendo el derecho civil sólo una fuente supletoria y subordinada a los principios generales de nuestra rama jurídica, a utilizar cuando las lagunas del derecho laboral lo reclaman".
 
Destacamos la importancia de dichas conclusiones, que hemos transcripto textualmente, ya que encontramos en las mismas, las líneas directrices que nos permitirán emanciparnos de las antinomias estériles. Contradicciones éstas, que se dan en una falsa caracterización de las acciones laborales nacidas de ese gran aporte a la teoría general de la responsabilidad, que fue la doctrina del riesgo.
 
Esta doctrina sirvió inicialmente, para inspirar desde el riesgo profesional, primero a la tarifación. Y luego, a partir de la conceptualización del riesgo de autoridad, del riesgo de actividad y del riesgo creado, a las acciones reparatorias que expansivamente, ingresaron a través de las formas de responsabilidad objetiva, avasallantemente, en todo el derecho privado, que así se vio enriquecido por el aporte del derecho de trabajo, una disciplina que dialécticamente, fue superando las limitaciones manifiestas de las formas tradicionales de la responsabilidad subjetiva.
 
 
4. EL ENCUENTRO DE ABOGADOS LABORALISTAS SOBRE EL TEMA: "LOS RIESGOS DEL TRABAJO".
 
 
En esta misma línea de ideas, debemos destacar las conclusiones de la Comisión Número Uno del Encuentro de Abogados Laboralistas para el análisis del tema: "Los riesgos del trabajo", celebrado en Buenos Aires, durante el año 1982. Conclusiones éstas que fueron aprobadas por el plenario del Encuentro. El despacho fue el siguiente:
 
"La comisión sesionó con la presidencia del Dr. Enrique Fernández Gianotti, vicepresidencia del Dr. Jorge Alberto Elías y secretaría a cargo del Dr. Jorge Adrián Angelini".
 
"Tomando como punto de partida el relato elaborado por el doctor Ricardo J. Cornaglia, se abrió el debate dividido en dos etapas arribándose a las siguientes conclusiones: ...5) El infortunio laboral queda alcanzado por una pluridimensión de regímenes de responsabilidad normativa en la que confluyen diversa disposiciones, algunas de las cuales reconocen origen civil, y que se receptan dentro del derecho laboral conforme su sistemática y subordinadas a sus principios generales".
 
"6) La tendencia moderna del derecho del trabajo, es coherente, con los cambios que se operan en el derecho privado en general, y recepta la teoría del riesgo en la búsqueda del resarcimiento integral del daño sufrido, por el trabajador como consecuencia del infortunio".
 
"7) En salvaguarda de la salud y vida de los trabajadores, en el derecho del trabajo, la teoría del riesgo va siendo, paulatinamente objeto de una formulación específica. Acorde con la tendencia generalizada que se advierte también en el derecho privado; el sistema de responsabilidad consecuencia de aquella formulación supera el antagonismo y exclusión recíproca de los sistemas de responsabilidad contractual y extracontractual".
 
"8) El art. 1113 del Código Civil, aplicado a los infortunios del trabajo en consonancia con los rasgos específicos del derecho laboral, configura una eficaz protección de los trabajadores en la cobertura del resarcimiento integral por daños físicos derivados de accidentes y enfermedades, conforme lo dicho en jurisprudencia plenaria por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo".
 
"9) La acción referida al art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, no tiene límite de resarcimiento tarifado, y su fuerza obligacional, independientemente que se la considere de naturaleza contractual o legal, alcanza a la obligación de adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores".
 
"10) Cuando se acciona por responsabilidad basada en el derecho común, fundándose en el sistema contractual, extracontractual y/u objetivo, la acción que se ejercita en nuestro fuero, es de naturaleza laboral, por el tipo de conducta de las partes intervinientes, especialidad del fuero y recepción y asimilación del derecho civil o comercial practicada por el derecho laboral, que no se agota en la sistemática transaccional de la tarifación".
 
En dicho Encuentro, que había sido organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas, habíamos sostenido en la ponencia oficial que se nos requiriera, en cuanto al tema de la pluridimensión de responsabilidades:
 
"Hemos adelantado nuestra posición respecto de que cuando se dan casos de pluridimensión en una conducta de posibles sistemas de responsabilidad vigentes, debe el Juez aplicar al caso el sistema más favorable al trabajador. Esta aplicación se debe producir por imperio de la ley y la naturaleza del orden público laboral de tipo protectorio. Y también, desde un puro punto de vista procesal; porque el Juez no puede eludir su compromiso con el principio "iura curia novit". El caso está determinado por las conductas intersubjetivas sometidas a juicio. No por el derecho alegado en la demanda o en la contestación. Y esto no atenta contra el principio de congruencia o el debido proceso".
 
 
5. LOS INTENTOS DE REFORMA.
 
 
La ley 23.146 (vetada en 1984), había consagrado la reforma del art. 17 de la ley 9.688, acordando a esa norma el siguiente texto:
 
"Los trabajadores amparados por la presente ley, o sus derechohabientes, en su caso, podrán reclamar conjuntamente las indemnizaciones tarifadas que le confiere la misma y las que pretendan la reparación integral del daño según el derecho común en virtud de la responsabilidad del empleador, contractual, extracontractual o por riesgo creado".
 
"El juez deberá condenar a la reparación integral del daño cuando se acrediten los presupuestos de la responsabilidad civil. En este caso la indemnización no podrá ser inferior a la que hubiera correspondido al trabajador o a sus derechohabientes por aplicación del artículo 8° de la presente ley".
 
Para el supuesto que no hubieran ejercitado conjuntamente la acción especial y la de derecho común, y no se acreditaren los extremos reclamados por esta última procederá el reclamo de la reparación tarifada por la presente ley, siempre que concurrieran sus presupuestos".
 
"En la determinación judicial del régimen de reparación debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, considerando la norma o conjunto de normas que rijan para cada uno de los sistemas de responsabilidad".
 
"La percepción en juicio o en sede administrativa de la indemnización por el ejercicio de alguna de las acciones promovidas, implica la renuncia al ejercicio de las otras acciones".
 
La reforma correspondía a la idea básica de la pluridimensión de responsabilidad, en función de un sistema integrado y unitario. Abrevaba en los debates y conclusiones de los congresos y encuentros en que se había debatido el tema, pero muy especialmente había tenido en cuenta el Seminario de Derecho Privado Profundizado sobre el Tema "Teoría General de la Responsabilidad Civil", que, bajo la dirección del Dr. Luis María Boffi Boggero, se llevara a cabo durante el año 1982, en el Instituto de Derecho Laboral del Centro de Abogados de Quilmes y Berazategui.
 
El veto de la ley 23.146 frustró el intento de reforma a este postergado y contradictorio tema de la ley 9.688.
 
Posteriormente, con el propósito legislativo de formular un nuevo cuerpo legal para la reparación de los accidentes y enfermedades con causa laboral, a partir de una sistemática legal distinta a la ley 9.688, en el año 1987 presentamos a la Cámara de Diputados de la Nación una iniciativa parlamentaria. En la misma impulsamos también estas ideas nuevas en materia de responsabilidad, integrando las acciones especial y común.
 
Requerido nuestro asesoramiento por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, durante el año 1988 con motivo del tratamiento de la iniciativa que llegaba con sanción del Senado y correspondía a la que después fue la ley 23.643, propusimos la siguiente reforma para los artículos respectivos de la ley 9.688 que transcribimos:
 
"Sustitúyese el art. 17 de la ley 9.688 por el siguiente:
 
"Indemnización por reparación integral.
 
"Los trabajadores amparados por la presente ley, o sus derechohabientes, en su caso, podrán reclamar conjuntamente las indemnizaciones tarifadas que les confiere esta ley y las propias de la reparación integral del daño según el derecho común en virtud de la responsabilidad del empleador, contractual, extracontractual o por riesgo creado".
 
"El juez deberá condenar a la reparación integral del daño cuando se acrediten los presupuestos de la responsabilidad común. En este caso la indemnización no podrá ser inferior a la que hubiera correspondido al trabajador o a sus derechohabientes por la indemnización tarifada de la presente ley".
 
"Para el supuesto que se hubieran ejercitado conjuntamente la acción especial y la de derecho común, y no se acreditaren los extremos reclamados por esta última, procederá el reclamo de la reparación tarifada por la presente ley, siempre que concurrieran sus presupuestos".
 
"En la determinación judicial del régimen de reparación debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, considerando la norma o conjunta de normas que rijan cada uno de los sistemas de responsabilidad".
 
"La percepción en juicio o en sede administrativa de la indemnización por el ejercicio de algunas de las acciones promovidas, implica la renuncia al ejercicio de las otras acciones".
 
"Incorporar como artículo 17 bis el siguiente:
 
"Limitación a la responsabilidad objetiva.
 
"En los casos de atribución objetiva del deber de reparar el daño, la indemnización se limitará al equivalente a dos mil argentinos oro, por daños a la incapacidad laboral o pérdida de la vida".
 
"La reparación será plena:
 
"a) Si el demandado no prueba que de su parte no hubo culpa o que adoptó todas las medidas técnicas idóneas para evitar el daño.
 
"b) Si el daño causado es un riesgo que el demandado hubiera debido razonablemente asegurar por un monto mayor".
 
En esta ocasión, los bloques mayoritarios en la Cámara de Diputados acordaron no modificar el proyecto del Senado, que fue votado sin reformas y se convirtió en la ley 23.643.
 
En la decisión fueron más importantes las razones políticas y prácticas, que las jurídicas. De acuerdo a los términos reglamentarios, de haberse mejorado el proyecto llegado del Senado, con este tema y otros, como el del explícito tratamiento de la aplicación inmediata de la ley y la cobertura del infortunio de los trabajadores domésticos, el proyecto debía volver a la Cámara de Senadores, y ya no existía tiempo, en términos parlamentarios, durante ese ejercicio, para su sanción.
 
De esta forma, una vez más se abortaba el intento legislativo de superar la falsa antinomia, dada a partir de la interpretación y aplicación del art. 17 de la ley 9.688.
 
La reforma de la ley 23.146 (vetada), servía al propósito de poner el proceso del infortunio, al servicio de los distintos parámetros legales de la responsabilidad. También para que se pudiera reparar el daño íntegramente y hasta el valor de los probado en la causa, convalidándose la tendencia de protección a las víctimas, que corresponde a un derecho privado que transita nuevos caminos de profunda sensibilidad social.
 
También procuraba integrar el derecho en conjunto, con referencia a la reparación de daños producidos y sin crear falsas antinomias entre acciones comunes y especiales. Advertía que la acción tarifada, es un piso legal, por debajo del cual no se puede incurrir en una equitativa reparación, si se han dado los presupuestos propios de responsabilidad laboral. Pero este piso protectorio de la reparación, no puede convalidar que dada la demostración procesal de la existencia de los hechos debatidos, de otros presupuestos de responsabilidad, que protegen a todos los ciudadanos como integrantes de la comunidad (las acciones comunes), se retacee la reparación integral, que otra víctima que no fuera trabajador, tendría derecho a percibir.
 
Estos intentos de reforma, que significaban un paso adelante en la sistematización de la teoría del riesgo por actividad, en el marco de la teoría general de la responsabilidad, tienen por contrapartida, la sanción del art. 16 de la nueva ley de accidentes, que en nada concuerdan con aquellas líneas directrices.
 
La nueva normativa al tratar el tema, contradice la moderna articulación de las formas de atribución de responsabilidad en una teoría general, que se formula desde la posición básica de que es ajeno al sentido del derecho dejar víctimas sin resarcimientos, o determinar reparaciones insuficientes, que puedan equivaler a liberar parcialmente de responsabilidad, tras la imagen de haber procesado la justificación de imponerlas.
 
 
6. LA LEY DE UNIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CIVIL Y COMERCIAL Y SU VETO.
 
 
Por contrapartida, casi contemporáneamente con la sanción de la ley 24.028, llegó la sanción del régimen de unificación de la legislación civil y comercial. Este cuerpo legal fue finalmente vetado por el Poder Ejecutivo. En la materia que nos preocupa, superaba la artificiosa oposición entre los regímenes de responsabilidades subjetivas (contractual y extracontractual). Derogaba el artículo 1066 del C.C., con su arbitraria calificación del acto ilícito, y con ello se desarticulaba la doctrina que vaciaba de contenido la ilicitud de la violación del deber contractual de prevención y seguridad.
 
Concordantemente, con la nueva redacción del artículo 1155 del C.C., se dejaba sin andamiento el criterio de los que interpretaban que las normas imperativas (caso de art. 75 de L.C.T.), no integraban el contrato de trabajo obligacionalmente. Se desarticulaba y dejaba sin fundamento la tesis del "vallado infranqueable" del artículo 1107 del C.C., al decir de Llambías; con la derogación de esta norma. Y además, se consagraba en forma expresa la responsabilidad por riesgo de actividad en el artículo 1113 del C.C., que en el párrafo cuarto de su nuevo texto sostenía:
 
"Lo previsto para los daños causado por el riesgo o vicio de la cosa es aplicable a los daños causados por actividades que sean riesgosas por su naturaleza o por las circunstancias de su realización".
 
El riesgo por actividad, lograba así su más clara afirmación en el derecho privado argentino.
 
Sin perjuicio del resultado negativo del veto de la ley de unificación de la legislación civil y comercial, lo cierto es que los institutos apuntados, y las reformas que consagraban, más allá de las imperfecciones técnicas propias de su plasmación, recogían las recomendaciones e inquietudes de los hombres del derecho privado argentino, volcadas en innumerables Congresos.
 
 
7. LAS JORNADAS ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS CELEBRADAS EL 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 1990 EN MAR DEL PLATA.
 
 
La Asociación de Abogados Laboralistas convocó a unas Jornadas Nacionales en la ciudad de Mar del Plata, que se llevaron a cabo entre las días 22, 23 y 24 de noviembre de 1990. La Comisión N° 1, de dicho evento científico, trató el tema de la problemática de los infortunios laborales y el debate se centró particularmente, sobre la concepción de un sistema laboral unitaris de los regímenes de responsabilidad aplicables. El relato final, estuvo a cargo del doctor Oscar Zas y en éste, se expresan las conclusiones, que fueron aprobadas en ese Congreso. Por considerar que en ellas están resumidas las posiciones de avanzada en la materia, pasamos a transcribir dicho relato:
 
"En cuanto al carácter excluyente de la opción prevista por el art. 17 de la ley 9.688, los aportes de Cornaglia, Sosa, Meik, Zas y Coria, resultaron coincidentes, por medio de distintos argumentos, en el sentido que dicha norma debe ser interpretada como consagración de la imposibilidad de acumular más de una indemnización.
 
"Pero, ello no impide la invocación o aplicación subsidiaria de la acción especial y tarifada de la ley 9.688, cuando se articuló la responsabilidad común y no tarifada, ya sea fundada en las acciones específicas de los arts. 75, 176 y 195, L.C.T. (t.o.), y en los distintos regímenes de responsabilidad contractual, extracontractual o por tiempo creado, previstos por el Código Civil.
 
"En ese caso, los jueces, en base al principio iura novit curia, deben resolver la cuestión según los hechos acreditados y el régimen de responsabilidad pertinente."
 
"En ese marco, señaló Cornaglia, el hecho dañoso sometido a juzgamiento, siendo único, no puede ser elegido. Y los regímenes de responsabilidad, siendo múltiples, pero respondiendo a reglas de valor que corresponden al interés de la justicia, de no dejar ilícitos sin reparar, tampoco pueden ser optados. El contenido final está en el interés de la víctima, que es la razón de ser del sistema.
 
"Las Resoluciones pertinentes aprobadas en el Plenario de esas Jornadas, fueron los siguientes:
 
"1) Las diversas acciones que procuran la reparación integral del daño vinculado con el trabajo, denominadas acciones comunes, tienen naturaleza laboral, por los sujetos de la relación intersubjetiva y la materia de su especificidad.
 
"2) El derecho del trabajo debe avanzar hacia la formulación de una teoría autónoma de reparación de los daños laborales. En el marco de ésta el infortunio obrero queda alcanzado por una pluridimensión de regímenes de responsabilidad, que corresponden a distintas normativas, algunas de las cuales son propias del Código Civil, pero deben ser receptadas por el juez de trabajo, conforme a la sistemática propia del derecho laboral, y la subordinación a sus principios generales. Todo ello, sin renuncia a la idea de la reparación integral del daño sufrido.
 
"3) La única interpretación armónica que debe darse a la segunda parte del art. 17 de la ley 9.688, ante el ejercicio conjunto o subsidiario, en una misma demanda, de distintos regímenes de responsabilidad que dimensionan el daño producido, es la de su reparación íntegra, a partir del piso básico de la tarifa de la acción especial, que deberá ser superada en la sentencia, si las pruebas del daño lo consienten. Todo ello conforme los presupuestos de imputación o atribución de responsabilidad que se prueben en la causa, con referencia a los hechos debidamente debatidos, en cumplimiento del deber de aplicar el principio iuria novit curia, en función del debido proceso y, limitado por el principio de congruencia, sólo en cuanto a los hechos debatidos y procesados.
 
"4) El derecho del trabajo ha sido el promotor, por intermedio de la teoría del riesgo, de los aportes más innovadores a la teoría general de la responsabilidad y su expresión en el derecho de daños. Debe, por lo tanto, el derecho del trabajo receptar la corriente afirmadora de la responsabilidad por riesgo creado o de actividad, e instrumentarla por intermedio de las acciones comunes.
 
"5) La acción que nace de la violación del deber de previsión o seguridad, establecida en el art. 75 de la L.C.T. (t.o.), corresponde a unos de los regímenes de atribución de responsabilidades, con reparación integral del daño producido, y es una de las formas en que se puede dimensionar la responsabilidad laboral".
 
 
8. LA LEY 24.028.
 
 
Mientras el derecho de daños se actualiza y la teoría general de la responsabilidad se integra armónicamente, antagónicamente, en la esfera del mundo del trabajo, la nueva ley de accidentes, discrimina reaccionariamente, en perjuicio de las víctimas, por su condición de trabajadores.
 
Se tiene el peregrino propósito de desalentar el juicio de infortunio obrero, al que no se entiende como resultado natural de una organización productiva deshumanizada y atrasada, en función de una empresa que tiene una organización autoritaria y ajena al programa social de la Constitución. En cambio se cree que este juicio es el producto artificial de una industria de abogados amparada por una justicia corrupta.[3] Y para ello, se pretendió salir al cruce de los Congresos y doctrina que se afirmaba en la concepción de la unicidad del ilícito laboral y la pluridimensión armónica de los regímenes de la responsabilidad a partir de una teoría general.
 
Así, se decidió obstaculizar el ejercicio acumulado o subsidiario de acciones que corresponden a distintos regímenes o derechos consagrados en la Ley de Accidentes, la Ley de Contrato de Trabajo, el Código Civil, el Código de Comercio o el Código Aeronáutico, ya que en cada uno de esos cuerpos normativos se dan normas de responsabilidad por infortunios laborales. La prescripción que divide la competencia encierra ese propósito obstaculizador. Y la que prohíbe la aplicación de los principios del derecho del trabajo, culmina autoritaria y arbitrariamente por pretender zanjar el debate. Pero en todo ello se olvida que el derecho positivo, cuando deja de ser lógico y racional, encuentra las respuestas superadoras en la totalidad del orden jurídico, que no es indiferente a la justicia social, ni al hecho de que en cada víctima del mundo del trabajo que quede sin reparar, hay una afrenta a toda la humanidad.
 
El ejercicio de las acciones de reparación "in integrum" fundadas en el deber contractual de seguridad (art. 75 de la L.C.T.), en el fuero laboral, pondrá a prueba este cuerpo normativo inspirado en una política de ajuste económico, que hace doblemente víctima a los que sufren el infortunio obrero. Ya que además de padecer el daño, se pretende subsidien al dañante.
 
Por otra parte los jueces civiles de la Capital Federal, cuando indaguen sobre la culpa en el infortunio, conforme al art. 512 del C.C., deberán tener en cuenta las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar que corresponden a la conducta a juzgar. Y esas circunstancias son las propias del contrato de trabajo, que lleva implícita la nota de la subordinación y sobre la cual, se construye en cualquier fuero, la caracterización de la naturaleza de la obligación que culmina en la atribución de responsabilidad.
 
El jurista hoy, con humanidad, valor, contracción y paciencia, deberá enfrentar la reconstrucción del derecho del trabajo a partir del principio de indemnidad, en cualquier fuero.
 
 
9. EJERCICIO SUBSIDIARIO DE LAS ACCIONES.
 
 
Interpuesta la acción autónoma del deber de seguridad (art. 75 L.C.T.), que por su naturaleza laboral es primordialmente del conocimiento y competencia del fuero del trabajo, lo cierto es que los hechos a los que se refieran pueden también ser motivo de dimensión propia de regímenes de responsabilidad que se desprenden de las normativas del Código Civil, del Código de Comercio y del Código Aeronáutico. En estos casos si estas acciones son interpuestas en subsidio, no dejará el Juez laboral de ser competente, y además deberá fundar su juicio, en el tratamiento individualizado de cada régimen y es más, tener presente que el principio "iura curia novit", es de plena aplicación en la materia.
 
 
10. LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES.
 
 
Sostiene Lino Enrique Palacio: "La acumulación objetiva de pretensiones es la reunión, en una misma demanda de las distintas pretensiones que el actor tenga frente al demandado, realizada con el fin de que sean sustanciadas y decididas en un proceso único. Su admisibilidad no se halla supeditada al requisito de que medie entre las pretensiones acumuladas un vínculo de conexión por la causa o por el objeto pues la institución responde primordialmente a razones de economía de tiempo actividad y gastos".[4]
 
El art. 87 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, es la norma que contempla la acumulación objetiva de pretensiones. Su texto es el siguiente:
 
"Antes de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las acciones que tuviera contra una misma parte, siempre que: 1°) No sean contrarias entre sí, de modo que por la exclusión de una no quede excluida la otra. 2°) Correspondan a la competencia del mismo juez. 3) Puedan sustanciarse por los mismos trámites".
 
El sentido que tiene el primer requisito es de no permitir una acumulación, que sea contradictoria en cuanto a las pretensiones esgrimidas. Por ejemplo reclamar al mismo tiempo el cumplimiento y la rescisión de un contrato.
 
La norma procesal, receptó los requisitos que en muchos años fue construyendo la doctrina jurisprudencial.[5]
 
Sólo una arbitraria interpretación del art. 17 de la ley 9.688 o 16 de la ley 24.028, inspiradas en un fin desprotectorio de las víctimas, puede hacernos plantear la contradicción, que destruye la pluralidad de reclamos, por distintos regímenes de responsabilidad, que la víctima pretendiera acumular. En especial cuando dicha forma acumulativa, es la condicional o eventual, que se produce cuando se propone una pretensión como principal y otra a título subsidiario, a fin de que el juez conozca de la última sólo en el caso de desestimar la primera.
 
Junto a la modalidad de la acumulación condicional o eventual se admite también la denominada acumulación sucesiva, la que tiene lugar cuando una pretensión que actúa como presupuesto de ella (vg. en el caso de una obligación sin plazo determinado, cabe acumular el pedido de fijación judicial del plazo, art. 618, Cód. Civil, la pretensión de condena, etc.).
 
Todo ello, permite distinguir claramente, el concepto de acumulación de acciones, del que corresponde a la acumulación de indemnizaciones.
 
El primero (acumulación de acciones), hace al tratamiento procedimental del conflicto. El segundo (acumulación de indemnizaciones), hace a la extensión de la reparación.
 
Que se acumule el tratamiento de las acciones esgrimidos, para hacer plena la reparación de la víctima, no quiere decir que los regímenes de atribución de responsabilidad, puedan ser sumados en el resultado final de la reparación cuando más de uno pluridimensionan los hechos que atribuyen la responsabilidad.
 
 
11. DESREGULACIÓN Y NUEVA LEY DE ACCIDENTES.
 
 
La nueva Ley de Accidentes del Trabajo ha sido dictada al compás de una política económica que se califica a sí misma como desreguladora.
 
El único valor importante de todo la corriente desreguladora, si se la despoja de su cháchara plagada de modernismo snob, es la búsqueda de la libertad en las relaciones intersubjetivas.
 
Pero esta búsqueda debe ser real a partir de la libertad en situación y el estadio productivo de nuestra sociedad coloca a la víctima del infortunio laboral en la situación de la dependencia. Por eso la búsqueda desreguladora de la libertad real pasa por la defensa posible de las opciones reales.
 
La paradoja desreguladora de la nueva ley de accidentes, es que crea un esquema rígido, tremendamente regulador, de oposición entre regímenes de responsabilidad para anular unos a otros. Es la quiebra total del principio de la libertad de elección del camino de la reparación.
 
Toda la patraña del sistema actual, cae, cuando se comprende que la regulación abstracta de los regímenes reparatorios, sólo consiste en un acercamiento a la valoración de una única conducta juzgada por todos los medios que el orden jurídico en general pueden proveer.
 
La manifestación suprema de ejercicio libre del arte de juzgar una conducta atribuyendo responsabilidad en el daño, encuentra al juez con la obligación de conocer íntegramente la teoría general de la responsabilidad, armonizando todos los regímenes y expresando ese proceso dialéctico, a partir del principio "iuria curia novit". Ese es el juez libre de un derecho del trabajo integrado al resto de la ciencia jurídica. Enriqueciéndola.
 

 
   
 
[1] Puede el lector consultar del autor sobre este tema: "Derecho de Daños Laborales", Capítulo VIII: "La opción de acciones de reparación del infortunio obrero", Editorial Némesis, Buenos Aires, 1992, págs. 175 y ss.
 
"Comentarios a la reforma de la Ley de Accidentes de Trabajo. Ley 9.688. Ley 23.643", Capítulo XIX: "La pluridimensión de los distintos regímenes de responsabilidad", Ediciones Organización Mora, Buenos Aires, 1989, págs. 261 y 55.
 
"Acciones Laborales por Daños y Perjuicios" en Temas de Derecho Procesal. Cuadernos de Doctrina del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, Año 1979.
 
"Pluridimensión de responsabilidades en materia laboral", en Rev. Derecho Laboral, T. 1982, pág. 150 y ss.
 
"La opción de acciones de reparación del infortunio obrero y el ejercicio subsidiario de las mismas", en Doctrina Laboral, Errepar, mayo de 1992, Año V, n° 81, tomo VI, págs. 532 y ss.
 
"La opción del art. 17 de la ley 9688", publicado en el tomo correspondiente al tercer Congreso Internacional de Política Social, Laboral y Previsional, organizado por la F.A.E.S., celebrado el 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 1991 en Buenos Aires, págs. 168 a 183.
 
 
 
 
[2] Ya vigente la nueva L.A.T. 24.028, se llevaron a cabo las Segundas Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho, celebradas los días 10, 11 y 12 de septiembre de 1992, en la ciudad de Buenos Aires. Como conclusiones de la misma en la materia que nos preocupa se reconoció a "la acción laboral autónoma sustentada en el art. 75 de Ley de Contrato de Trabajo", con independencia de la acción civil y la acción especial tarifada, el carácter de acción diferenciada a que da lugar un infortunio de trabajo.
 
 
 
 
[3] Ver el trabajo del autor "Reflexiones sobre el mito de la industria del juicio de accidentes de trabajo", en el Tomo publicado por F.A.E.S., con motivo del IV Congreso Internacional de Política Social, Laboral y Previsional, celebrado los días 7, 8 y 9 de octubre de 1992, pág. 379 y ss.
 
 
 
 
[4] Ver Palacio, Lino, en Manual de derecho procesal civil, t. 1, pág. 143.
 
 
 
 
[5] Rescatamos estos casos de jurisprudencia como ejemplos: "Para que prospere la acumulación de acciones es condición indispensable la identidad de la causa, la unidad en el hecho generador de las obligaciones, su objeto es facilitar la prosecución del juicio, lo que no se concebiría cuando son varios los demandantes contra una misma persona y no existe unidad ni identidad en la cosa litigiosa, lo que daría lugar a diversidad de pruebas, incompatibles con la unidad del juicio y de valoración en la sentencia". (Cam. Fed., Paraná,13-3-39, en J.A. 65-630). "La acumulación de acciones contra una misma parte está autorizada por ley cuando corresponde a una misma jurisdicción, puede sustanciarse por los mismos trámites y no sean contradictorias, de modo que por la elección de una quede excluida la otra". (S.C.B.A., 20-8-57, A.S., 1957-10,245).
 
 
 
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