196.- La aplicación inmediata de la ley más beneficiosa - RJCornaglia

También a poco tiempo de esa reforma del Código Civil, Acdeel Salas, sostuvo: “La ley es retroactiva cuando actúa para el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad del acto, sea para suprimir o modificar sus efectos ya realizados; fuera de esto no hay retroactividad, y la nueva ley puede modificar los efectos futuros de hechos o actos anteriores sin ser retroactivos”.[7][7]

              En el debate de ese plenario renacieron las inconsistentes generalizaciones referidas  a la irretroactividad de la ley y la defensa de derechos adquiridos llevando al escándalo de proteger el derecho patrimonial de los dañantes, a costa de tener que soportar las víctimas el daño moral.

Pero el mismo tribunal, cambió su doctrina siguiendo la orientación del Plenario “Prestigiácomo”, de la C.N.A.T. y sentó posición en torno a la no aplicación inmediata de la reforma de la ley de accidentes del trabajo 9688 por la ley 23.643, a las causas en trámite.[12][12]

Para no incurrir en esa simplificación debía haber advertido, y no lo hizo,  que la norma laboral no solo se presume mas justa. También se la sanciona como correctora de un estado generado a mérito de una regulación jurídica anterior reputado injusto.[13][13]

Como legislador en funciones de esa época, puedo dar testimonio para la interpretación auténtica, que la reforma de entonces se inspiró en la toma de conciencia de los valores misérrimos que había alcanzado la tarifa legal en la realidad.

           Fue a partir de esa tendencia subversiva del orden constitucional vigente, que la norma prescribió con referencia a las causas pendientes y en trámite en sus Disposiciones Finales, cláusula tercera: "1. La ley de riesgos del trabajo no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia salvo lo dispuesto en el apartado siguiente".

Esa prescripción se transforma en un vallado a la íntegra reparación del daño, puesto que interpretada y aplicada literalmente, impide al resarcimiento razonable y suficiente de éste, cuando tras el tiempo que insume el proceso se sentencia en virtud de pautas de liquidación para el cálculo de prestaciones dinerarias inicuas e irrazonables. Pautas que la ley vigente ha descartado por irrazonables e insuficientes para cumplimentar el principio constitucional “alterum non laedere”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 1278/00 y el Decreto 1694/09[21][21] han dispuesto el mejoramiento de las prestaciones económicas, teniendo en cuenta y haciendo mérito de ello que la jurisprudencia resaltó la insuficiencia del sistema reparador, conforme a las facultades previstas en el artículo 11 inciso 3° de la Ley de Riegos del Trabajo 24.557.

Es pues esa normativa correctora de un vicio constitucional admitido en otra normativa anterior reformada. Al punto de sostenerse en los considerandos del decreto 1694/2009, que: "... que a partir de su puesta en marcha ( se refiere al sistema de la LRT) el citado sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral evidenció su imperfección estructural como instrumento de protección social, lo que originó el estudio de distintas alternativas de superación”.

El fallo “Lucca de Hoz” ni siquiera entra a considerar que al momento de ser dictado, una norma de orden público laboral, el decreto 1694/09, estaba ya vigente determinando valores vida muy superiores a los de la legislación que aplicaba que había sido reformada. Lo da por superado a partir de una afirmación dogmática.

En los comienzos de la restauración democrática, la C.S.J.N., también inspirada en un orden público económico y no social, impuso la legitimación de la aplicación inmediata de las normas regresivas, en una violación manifiesta del principio de progresividad, para legitimar una reforma social regresiva que despojó del derecho a la estabilidad a trabajadores un banco estatal.

Lo hizo así en el año 1984 en el fallo “Dellutri”:

"La ley local 1401 que establece que las relaciones de trabajo del personal que se desempeña en el Banco de la Provincia de Santa Cruz se regirán exclusivamente, a partir de su vigencia, por la ley 20.744, modificada por ley 21.297 (t. o. en 1976) es de orden público, no solamente porque así resulte explícitamente de su articulado, sino también porque su declarado objetivo es adecuar el régimen laboral vigente del personal de dicho banco al régimen instituido en el orden nacional, y por su naturaleza y contenido se torna imposible de ser soslayada por los interesados. Tal circunstancia basta para desestimar el argumento de que no es aplicable a contratos en curso de ejecución, desde que no se trata de una ley supletoria". [24][24]

Contra la doctrina de la Procuradoría hecha suya sin mayores consideraciones explícitas, en torna a la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo en el fallo “Lucca de Hoz”, la Corte en forma explícita, resolvió cuestiones propias del derecho de la seguridad social, conforme al principio de la aplicación inmediata de la ley social.

Un caso en que la Corte hizo lugar a la regla de la aplicación inmediata de la ley más benigna, se dio  en la causa “Arcuri Rojas”[25][25].

La actora reclamaba en esos autos los beneficios que otorgaba una ley más benigna en el pago de la pensión por viudez en razón de la muerte de su marido ocurrida durante el régimen de la ley 18.037, solicitando la aplicación de la ley 24,241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,  que había entrado en vigencia 19 días después de la muerte de su esposo y que la ANSeS  no había aplicado al conceder el beneficio.

En los considerandos 14 y 15 de ese fallo, no se conceptualizó a la regla  de la aplicación inmediata de la norma más favorable al trabajador que explicitamos como instrumental del principio de progresividad, pero a éste se  lo invocó  como fundamento en estos términos:  “Que es el reconocimiento del principio de progresividad en la satisfacción plena de esos derechos el que ha desterrado definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos en la materia (arts. 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerando 101 del voto del Dr. Maqueda en Fallos: 328:1602). 15) Que sería estéril el esfuerzo realizado por el legislador para cumplir con la obligación establecida en el art. 11 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Protocolo de San Salvador”), en cuanto exige que los Estados parte adopten todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, si por vía interpretativa se sustrajera de esa evolución a quienes se encuentran en situación de total desamparo por aplicación de leyes anteriores que establecían un menor grado de protección, máxime cuando se encuentra demostrado que el causante y, por ende, su viuda, reúnen los requisitos necesarios para el reconocimiento de los derechos pretendidos, según han sido previstos en el actual esquema normativo”.

Como puede observarse, el criterio de la Corte es distinto en el caso “Lucca de Hoz”  al adoptado  en el caso “Arcuri”, ya que en este último se  aplicó  el régimen más favorable sancionado con  posterioridad al nacimiento del derecho de la reclamante.    

Se destaca que los jueces de la Corte cuando no adhieren a dictamen de la Procuradoría,  sin mayor detalle ni mucha prolijidad y coherencia con sus resoluciones anteriores y mejor fundadas, resuelven en otro sentido. Tendrá la Corte que unificar su discurso y es de esperar que sepa hacerlo a favor de los derechos humanos y sociales que afecta.

En definitiva, a pesar de las carencias de dichas mejoras en las prestaciones dinerarias establecidas por el DNU 1278/00 y ahora en el Decreto 1694/09, frente a la colisión de intereses entre los damnificados y la aseguradoras, cabe concluir que deben tener preeminencia los primeros, dado el fin social y protectorio de las indemnizaciones por accidentes del trabajo.

El 8 de abril del 2011, la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, en la causa N° 99.687, caratulada: "Garis, Luis Walter c. La Segunda ART S.A.”,  resolvió con los votos de la magistrados Carlos Böm;  Herman A. Salvini  y  Pedro J. Llorente, volvió a retomar una antigua posición del tribunal que propicia la aplicación inmediata de la ley laboral a las causas en trámite, por infortunios acaecidos con anterioridad a la sanción de esa norma.

Se sostuvo en ese decisorio, que por no estar reparada la minusvalía padecida antes de la entrada en vigencia del Decreto 1649/2009, la situación no estaba consumada.

 Y que atento a que la ART era deudora de prestaciones, “...no  ha cumplido con las condiciones sustanciales ni con los requisitos formales previstos en la ley para ser titular de un derecho adquirido frente al Decreto en cuestión por lo que no se afectaría la garantía de la inviolabilidad de la propiedad. (A. 944. XXXVII.; ; 10-05-2005; T. 328 P. 1381, entre otros de la CSJN)”.

Y se concluye que admitir lo contrario sería desoír los principios protectorios del derecho laboral y de la seguridad social cuando el actor damnificado padece una severa invalidez. Precisando que “Justamente uno de los fines de la seguridad social es la cobertura de las contingencias sociales resultando una de las más trascendentes la contingencia que tienen origen patológico. Obsérvese, que para procurar aún más el pleno goce del derecho a la salud existe consenso legislativo sobre su importancia al existir un Sistema Nacional de Seguro de Salud, cuyo objetivo primordial es otorgar prestaciones igualitarias, integrales y humanizadas dirigidas a la promoción, protección recuperación y rehabilitación de la salud, en definitiva que mejore la calidad de vida”.

Sostenemos que en los juicios relacionados con el despido o el infortunio laboral, se aplican normas que refieren a conductas intersubjetivas, vinculadas en función del pago de las indemnizaciones legales preestablecidas. Y que las reparaciones legitimadas no se cumplen hasta que las obligaciones quedan extinguidas.

Savigny, Demogue y Duguit, (como bien los reseñara David Duarte en un rico trabajo que dedicara al tema[32][32]), se encargaron de señalar dos temas centrales que deben orientar al jurista el respecto:

 Reseñando a Savigny, David Duarte resumiéndolo explica que: “El derecho a la reparación es un derecho informe, el cual se precisa y determina por la sentencia o por la transacción que establecen cómo se hará la reparación, si en especie, si en dinero, si por entrega de un capital o por el pago de una renta, existiendo, en consecuencia, el derecho pleno a la indemnización desde el día de la transacción o de la sentencia.”[33][33]

Citando a Demogue, destaca que “el derecho a ser indemnizado no nace verdaderamente, sino día a día, a medida que el daño se produce”; y que “no es más que hábito y por una simplificación teórica que consideramos como existente el crédito desde el día del accidente, mientras que prácticamente se ve que ello no es exacto, cuando la incapacidad de trabajar, por ejemplo, se agrava a disminuye fuera de toda previsión”.[34][34]

Y resumiendo el tema central, Duguit  lo transcribe en estos términos: “la sentencia condenatoria condiciona el nacimiento del crédito en provecho de la víctima, pues, hasta entonces sólo había una vía de derecho abierto, pero no un crédito”.[35][35]  

Es en función de esa lógica afirmada en la visualización del derecho de daños que David Duarte reseñara con tanta propiedad, que pensamos que:

b) El infortunio laboral se genera en uno o muchos hechos dañosos, pero la regulación jurídica del mismo se practica en función de su reparación y la L.R.T. 24.557 se justifica en ella y no en el causar daño.

b)     La ley laboral o de la seguridad social se presume declarativa y constitutiva de un derecho reparador de un daño, que como tal debe ser estimado en forma igualitaria y siguiendo el principio de la norma más favorable en el tiempo.

c)       A los efectos del daño padecido no existen relaciones consumadas en la medida en que no se halla producido la reparación.

Es ese el alcance que le reconocemos a la aplicación inmediata de la ley laboral en el tiempo, conceptualizada en términos distintos a la situación contemplada en el art. 3º del Código Civil, cuando dicha norma refiere a la ley que dispone expresamente la aplicación retroactiva.

Es para ese otro y único supuesto, que, el texto poco feliz de ese artículo, consagra que la retroactividad de la norma es válida en la medida que se cumplan estos dos requisitos:

a)     Que la norma expresamente disponga la aplicación retroactiva.

b)     Que no queden afectados derechos amparados en garantías constitucionales.

Para esos casos, la segunda condición es la que ofrece mayor dificultad a la interpretación, pero en los juicios de reparación de daños, a nuestro criterio, debe ser conceptualizada así:

Esas normas tienen por fin la reparación misma y los derechos que consagran son los que determinan el control razonable constitucional de la norma. No hay derecho constitucional a dañar, ni existe valor permanente e inamovible reparativo de los daños, a mérito de leyes que se reforman por ser reputadas injustas. La valoración de un daño hecha por la nueva ley, en la medida en que ella se trata de una norma más favorable a la víctima, operando conforme a los principios de progresividad y justicia social, vale para la reparación pendiente.

Este es en definitiva el sentido final de la regla general instrumental de derecho, llamada por la doctrina, principio de aplicación inmediata de la ley laboral más benigna.

Esa regla instrumental, cumple los fines de hacer posible la progresividad y ambas actúan como garantía del principio de indemnidad, al que sirven y del cual dependen.

Por las razones antes expuestas consideramos:

A)                Que existe incoherencia y autocontradicción en la ambigüedad de la S.C.J.N., al sostener por un lado el principio de progresividad y no desprender como regla instrumental del mismo, la de la aplicación inmediata de la ley laboral más favorable.

B)                Se señala en consecuencia que el artículo 16 del decreto 1694/09 viola  el principio de indemnidad que consagra el art. 19 de la Constitución Nacional y al principio protectorio del trabajo dependiente (arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional), en los casos en que las tarifas propias de legislación reformada en materia de accidentes de trabajo mantenga valores inferiores a los que el propio legislador mejoró y los estándares de los tribunales del trabajo consideran mínimos razonables con la legislación vigente actual.

En este sentido, las cambiantes circunstancias pueden hacer que la reparación legal se torne irrazonable y la norma que se consagre devengue así indefendible desde el punto de vista constitucional.

Por otra parte, debiendo existir una correspondencia lógica entre el monto del daño sufrido y la reparación legal prevista tarifariamente, puede ser que la insuficiencia de la reparación resulte de las mismas previsiones legales, que ante el caso en concreto no resulten suficientes para cumplir el fin para las que deben operar. Y que esto se reconozca como la razón de ser de la reforma legal ya producida.

Es esa otra razón válida para sostener la aplicación inmediata de la ley reformadora, al juzgamiento de los hechos anteriores a su sanción, con motivo de reparar sus consecuencias. Pero en este caso, la cuestión pasa por explicitar la inconstitucionalidad del régimen legal ya reformado. [37][37]

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