212.­ La deuda de valor y los intereses moratorios en relación con la ley 14.399 de la Provincia de Buenos Aire y control de constitucionalidad. - RJCornaglia

La cuestión básica que hemos planteado, es determinante de las consideraciones que merece la problemática de los intereses y sus tasas, que como accesorios deben acompañar a las deudas de valor que den motivo de sentencias.

Como expresara el Dr. Roncoroni en su época de magistrado de la S.C.J.B.A. "... Cuando hay inflación, se razona, es casi invariable que los intereses suban para compensarla, con lo cual, se concluye, hay una forma de indexación. El problema de este argumento es que conduce a rechazar todo interés como forma de indexación encubierta, y no sólo el de la tasa de descuento. Porque lo normal es que todos los intereses suban cuando hay inflación..... "

Señalaba además ese magistrado: “..Recuérdese además, que también los precios aumentan, y eso no está prohibido por la ley de convertibilidad. Pues bien, el interés es el precio del dinero, es la cantidad que debo pagar para conseguir una suma ahora, y poder devolverla en algún momento futuro. Esas variaciones de precios, las de los automóviles, computadoras, tornillos o dinero, no están alcanzadas por la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad. Y no están prohibidas porque no son indexación... "...Un interés tan elevado que lo convierta en usurario, podrá estar en todo caso, en contradicción con el art. 953 del Código Civil, o haber resultado de la lesión de los derechos de la contraparte, conforme al texto añadido al art. 954 del mismo Código por el dec. ley 17.711/1968. Pero que el interés cubra y supere a la inflación no lo convierte en una indexación encubierta... Resumiendo entonces, la tasa activa o la tasa pasiva pueden subir o bajar, como cualquier otro precio y ello no viola la ley de convertibilidad. Tampoco niega esa ley que se haga remisión a una tasa variable, pues al contrario, lo admite expresamente."[4][4]

         El  tema de los intereses que refieren al tiempo transcurrido entre el daño producido y la compensación ordenada,  adquiere singular relevancia puesto que el mismo se constituye en:

a)     Una forma de ajuste de las deudas en perjuicio de los acreedores, que termina por violar el derecho de propiedad de los créditos, (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional). Es ésta una cuestión de fondo, propia del derecho común, reservada a la legislación nacional.

b)     Una causa del mal funcionamiento del servicio público de justicia, puesto que condiciona objetivamente a los deudores, en gran medidas empresas aseguradoras regidas por sus pautas de financiación determinadas por el principio de maximización de los beneficios. Al dilatar el cumplimiento en término de las deudas, ellas cumplen con sus obligaciones a largo plazo y con moneda depreciada. Es ésta una cuestión instrumental, procesal, reservada a los derechos provinciales, vinculada al debido proceso judicial  y ejercicio abusivo del derecho de defensa.

Hace mas de dos décadas que al amparo de las normativas de emergencia que responden a un nominalismo extremo, en materia de la prohibición de la indexación de deudas laborales se facilita con visos de legitimidad aparente, un subsidio a los empleadores dañantes y sus aseguradoras de riesgos del trabajo, mediante la financiación de los créditos, que van quedando diluidos en su valor real. Esto sucede en detrimento de derechos alimentarios de los trabajadores.

Para colmo el Estado, en cuanto a los créditos laborales, es un gran empleador que se constituye en deudor, muchas veces por negligencia de sus funcionarios que instrumentan políticas económicas subvirtiendo el programa constitucional. En esos casos, debe asiduamente ser condenado a reparaciones, como lo demuestra una compulsa de los repertorios de jurisprudencia, en casos en que se alcanza la reparación de los mismos, en materia de infortunios de trabajo o despidos.

Las medidas de política económica que adoptan los gobiernos, no dejan de tener esto muy en cuenta. Los trabajadores como empleados, tendrían que encontrar naturalmente en el poder judicial, el resguardo de sus derechos constitucionales.

La S.C.J.B.A., acompañando a la C.S.J.N.,  abandonando anteriores posiciones, hizo una generosa contribución a la legitimación constitucional del nominalismo, hace más de dos décadas, interpretando la Ley 23.928 de Convertibilidad del austral (B.O. 28/3/91), reformada por el la Ley 25.561, que en su art. 4  modificó los arts. 7 y 10 de la primera y seguida por la sanción del Decreto 214/02. Ambos tribunales con diferentes fundamentos, han terminado por mantener incólumes y legitimadas esas herramientas jurídicas inspirándose en argumentos inspirados por la escuela de interpretación económica del derecho.

Fijó posiciones al respeto la S.C.J.B.A., en el caso "Zgonc", (sentencia del 21 de mayo de 1991)[5][5] y las sigue ratificando en el presente.

         Otros tribunales del país, han tratado de aliviar los efectos que esta normativa así aplicada, vienen a tener sobre el derecho de propiedad de los acreedores, a partir de la aplicación de intereses a tasa activa, lo que implica de por sí y veladamente, aceptar que parte del componente de esos intereses, sirve para paliar los efectos de la inflación. Pero la S.C.J.B.A. quedó fielmente abrazada a la política económica monetaria del más cerrado nominalismo, considerando que entre sus facultades no están las de resguardar la propiedad de los créditos, de las decisiones del poder administrador en la materia. Sus posiciones, confrontan con otros tribunales, que condenan con intereses a distintas tasas activas. A saber entre otros:

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,  por Acordada, desde el 7 de mayo del 2002, lo hizo en reunión plenaria, debiéndose  tener en cuenta su notoria relevancia como tribunal especializado en materia laboral.[6][6]

En Mendoza,  el 28 de mayo 2008, la  Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia,  en la causa n° 93.319, caratulada: “Aguirre, Humberto c. Osep”, siguió también ese criterio. [7][7]

La Corte de Justicia de San Juan, en la causa “Huaquichay viuda de Mass, Teresa Jesús c. Contreras”,  tomó idéntica posición. [8][8]

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, igual criterio adoptó por plenario convocado el 30 de agosto del 2001.

En otros fueros, la aplicación de las tasas activas se resolvió con mucha anterioridad en la la Cámara Nacional en lo Comercial, defendiendo la integridad de los patrimonios de los acreedores, en los Plenarios del 2 de octubre de 1991, dictado en autos "Uzal S.A. c Moreno, Enrique" y 24 de diciembre de 1994, en autos "S.A La Razón s/ quiebra - incidente de pago a los profesionales".

Idéntica posición adoptó la Camara Nacional del Civil de la Capital Federal, a través del fallo plenario “Samudio de Martinez L vs Transporte Doscientos Setenta S.A.”del 20 de abril de 2009.[9][9]

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, no dejó de dar mensajes ambiguos. Cuando tuvo que decidir el delicado tema de los intereses moratorios de los créditos salariales de los jueces, se definió por la tasa activa, adoptada en los descuentos a treinta días en el Banco de la Nación. Se sostuvo en esa oportunidad: “...A partir del 1 de abril de 1991, el interés sobre el resultante, será calculado conforme lo prevé el art. 11 de la ley 23.928, debiéndose tomar en cuenta la tasa que por tal concepto y para las operaciones de descuento, utiliza el Banco de la Nación Argentina...”^.( Conf.: “Carbone, Edmundo J. c/ Estado Nacional – Ministerio de Educación y Justicia de la Nación – Secretaría de Justicia” la C.S.J.N. (integrada con conjueces y el doctor Rodolfo C. Barra). El Derecho, diarios del 13 y 16 de diciembre de 1991).

Pero lo cierto es que a partir de la ley 23.928, al ejercer de control de constitucionalidad de la misma, la C.S.J.N., adoptó primero en cuanto al tema de los ajustes por depreciación directos o indirectos (intereses moratorios), primero una posición de entusiasta apoyo a las tasas pasivas y luego del caso “Banco de Sudameris”[10][10], una doctrina más cauta, que refería a la situación a la competencia de lo tribunales de grado. Había en ello una apertura a la posible revisión de los excesos e inconstitucionalidades a las que lleva la normativa que inspirada en el nominalismo extremo, arrasa con el derecho de propiedad de los acreedores.

Es a raíz de esa apertura y de la comprensión de que en los juicios de daños por obligaciones de valor, que la mayor parte de los jueces del país, cuando asumieron sus plenos poderes jurisdiccionales, recorriendo el desfiladero de no asumir una última ratio de dudoso resultado positivo, pudieron componer parcialmente la cuestión.

         Esto no pasó con la S.C.J.B.A., que resistió todos los intentos de los Tribunales de Trabajo primero, y del Congreso provincial recientemente (ley 14.439), abrazada con entusiasmo a una causa que no merece sus desvelos.

         En la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires a  mérito de imponer las tasas pasivas en función de las leyes que prohíben la indexación, se produjo una sangría en el patrimonio dañado a reparar de los asalariados, en función de un beneficio de lo deudores, cualquiera sea la razón de ser de los créditos.

    Otro efecto secundario que tuvo esa doctrina, fue la prolongación de los juicios y el atiborramiento de procesos en los Tribunales del Trabajo y en la Secretaría Laboral de la S.C.J.B.A., Esta última rebasada por causas que motivan recursos que suelen tardar hasta cuatro años de trámite en ese estadio. Y es corriente que un juicio llevado a la alzada, entre su iniciación y cobro de los haberes tarde más de una década.[11][11]

         Esos decisorios del superior tribunal bonaerense, crean en la práctica, una profunda desigualdad entre los fueros del trabajo de distintas jurisdicciones, ya que la mayoría de los mismos, siguen el criterio adoptado en los fallos revocados.

La sobrecargada C.N.A.T., verá incrementar sensiblemente sus litigios, por cuanto cada víctima que pueda optar entre jurisdicciones, escapará a la quita significativa que resuelta a la hora de cobrar esos créditos, huyendo espantada de una justicia provincial que así decide.

Para los infortunios de trabajo, la reparación condenada a tasa pasiva, por parte de los Tribunales del grado, demostrando un temor reverencial a la doctrina de la S.C.J.B.A., se lleva a cabo arbitrariamente, dejando de aplicar derecho positivo vigente.

El texto de esta reglamentación legal es el siguiente:

ARTICULO 1º.- Establécese que el pago fuera de término de las prestaciones dinerarias de pago único en concepto de Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva y el depósito tardío del capital de integración por Incapacidad Laboral Permanente Total y por fallecimiento, devengarán un interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, calculado desde que cada suma fue exigible hasta haber sido debidamente notificada la puesta a disposición de tal suma al beneficiario o abonada la prestación.

ARTICULO 2º.- Establécese que la mora en el cumplimiento de la obligación de otorgar las prestaciones dinerarias contempladas en la Ley Nº 24.557 se producirá de pleno derecho transcurridos treinta (30) días corridos de la fecha en que la prestación debió ser abonada o el capital depositado, y por el mero transcurso del plazo indicado.

“ARTICULO 3º.- Dispónese que los intereses devengados deberán ser abonados conjuntamente con la prestación dineraria que corresponda percibir al trabajador siniestrado o a sus derechohabientes según el caso. Asimismo, en el supuesto de fallecimiento del trabajador los intereses deberán ser depositados junto con el capital a integrar.”

           La pregunta es: ¿si no se declara inconstitucional la norma reglamentaria de la autoridad de aplicación nacional, por qué no se la aplica en la mayoría de las causas?­[13][13]

La Corte provincial, con el fallo del 6 de abril de 2011, confirmó una sentencia de grado que condenaba ordenando liquidar con tasa activa. El decisorio fue dictado en la causa L. 108.796, "F., M. Á. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Enfermedad profesional". [14][14]

         La resolución adoptada en esa causa, refiere a una deuda tarifada que corresponde a una enfermedad no listada, admitida como concausada por el trabajo en la pericia médica, que muy pocas veces ha sido aceptada por la jurisprudencia laboral, (se trata de una esclerosis múltiple).

         En ese caso el crédito laboral se admitió por el Tribunal No. 5 de La Plata que debía ser incrementado con intereses a tasa activa, aplicándose el art. 6 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/2001 para liquidar los intereses desde que cada suma es debida -julio de 2003- y hasta su efectivo pago, conforme la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos.

            La S.C.J.B.A, rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo demandada, considerando contra los argumentos de la recurrente, que la aplicación que se hiciera en el caso de la resolución S.R.T. 287/01, no fue arbitraria, tendenciosa y sacada fuera de contexto".

            Lo hizo advirtiendo que la  doctrina de sus precedentes "Zgonc", sent. del 21-V-1991 y L. 74.228, "García", sent. del 19-II-2003-, “fue elaborada por este Tribunal a instancias de presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento”.

Con referencia a los intereses, el Poder Administrador en ejercicio de las facultades reglamentarias, dictó normas que son de orden público, constituyen derecho vigente y los magistrados, en la mayor parte de los casos, dejan de aplicar, inexplicablemente, sin declararlas inconstitucionales.

La decisión fue adoptada a partir de ejercer el  control de constitucionalidad de una ley provincial a la que se declara inconstitucional. Volveremos sobre el tema del control de constitucionalidad de esa ley, pero antes tendremos qua hacer algunas precisiones, por cuanto esas resoluciones que refieren a todo tipo de crédito laboral,  en materia de infortunios obreros, viola derecho positivo vigente reglamentario de la Ley 24.557 y conduce a un resultado contrario a lo que recientemente el Tribuna viene sosteniendo sobre ese mismo derecho.

La cuestión de los intereses  que devengan los créditos laborales, mereció una serie de reuniones de trabajo e investigación en el seno del Instituto de Derecho Social (del Trabajo y la Seguridad), de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, que emitió el siguiente dictamen:

            Conforme lo establece el art. 622 del Código Civil, el interés moratorio debe ser el que resulte del acuerdo de partes (i), o del régimen legal específico aplicable (ii). En ausencia de un interés convencional o legal, debe ser el que fije el juez en cada caso concreto (iii).

Con posterioridad a ese Dictamen, la provincia sancionó la Ley 14.399 (B.O. 14-12-2012), la que dispuso la modificación del art. 48 de la ley 11.653, norma procesal que  regula el procedimiento en el fueron del trabajo, disponiendo que "Al monto total por el que se condene a la demandada se deberá adicionar los intereses devengados desde la fecha de su exigibilidad y hasta el efectivo pago, según el cálculo de intereses “al promedio de la Tasa Activa” que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.”

En la Provincia de Buenos Aires, la cuestión de la tasa de interés en las causas laborales, se precipitó y merece especial consideración en relación a reciente jurisprudencia a la que hiciera lugar su Suprema Corte de Justicia.

El Tribunal Superior de la Provincia, que alberga aproximadamente al cuarenta por ciento del empleo nacional, revocó las sentencias de los tribunales del trabajo que condenaron la reparación de infortunios de trabajo con imposición de liquidar intereses a tasa activa, en estos términos: “Asimismo,  por mayoría,  se declara  la  inconstitucionalidad  de la  ley 14.399 y se revoca también la decisión de grado en cuanto a la tasa  que  juzgó aplicable  para  el cálculo  de  los intereses  adeudados,  los  que deberán  determinarse  con arreglo a  la  que  paga  el Banco  de  la Provincia  de  Buenos Aires  en  las  operaciones de  depósito a treinta (30)  días, vigentes  en  el  inicio de  cada  uno de  los  períodos comprendidos.”[16][16]

La alusión que se hace en el voto del doctor Genoud a la reglamentación dada es la siguiente:

“Más allá de ciertos reparos que pudiera merecer la redacción del aludido precepto, es evidente que el legislador provincial ha tenido como objetivo regular sobre los intereses debidos a causa de la demora en la satisfacción de una obligación pecuniaria reclamada en juicio y no respecto de los "accesorios" que sancionan una inconducta procesal.”

         Esta afirmación resulta dogmática y autocontradictoria. La demora en procesos de créditos alimentarios, es un tema procesal. El legislador de la Ley 14.399 decidió que quien se benefició con ella resulte sancionado con la aplicación de una tasa activa, lo que permite también ajustar el juicio de valor al momento de sentenciar y evitará los procesos que hoy constituyen mecanismos de ajuste en detrimento de derechos de propiedad de los acreedores. [17][17]

Nos detendremos en un argumento, que quita razonabilidad a ese decisorio de la S.C.J.B.A., que ejerció la última ratio sobre una ley provincial.

Ese argumento se relaciona con la naturaleza misma de los intereses que acompañan a los créditos de juicios de valor por daños alimentarios, que es de pura raigambre procesal.

El Código Civil admite la sanciones conminatorias, como lo hace en el art. 666 de su texto vigente.

Pero si se analiza en realidad si esas sanciones que requieren un juicio de certeza sobre las conductas de las partes en el proceso, se tiene que advertir que este instituto, no es de derecho común. Se trata estrictamente de un resorte procesal lo que no es materia delegable al Congreso Nacional por las Provincias.[18][18]

Si se admite que el Código Civil, puede desarrollar a sus fines regulaciones  procesales excepcionalmente, tiene al mismo tiempo que tenerse en cuenta que sólo se puede delegar lo delegable y que la Provincia no puede dejar de cumplir con los mandatos del art. 5 de la Constitución Nacional.

En este sentido los fallos de la S.C.J.B.A., pecan por constituirse en una claudicación innecesaria y arbitraria de la autonomía federal. Revelan además colocar al Superior Tribunal por encima del derecho legal vigente y de insistir en hacer decir a la Corte Suprema de la Justicia Nacional, lo que ella no sostiene.

La ley 14.399 regula todo tipo de créditos alimentarios laborales, igualándolos a mérito de su indiscutido carácter alimentario. Pero debe destacarse que los que se refieren a la reparación de daños en la salud y la vida, revisten de por sí una relación tan estrecha con los más elementales derechos humanos, que el mantener su dudosa legitimidad en efectiva y permanente vigencia, resulta mucho más doloroso.

         La clave de la cuestión está en la duración de estos litigios y en la tergiversación de la naturaleza jurídica de los mismos, calificándolos como deudas de dinero y no como juicios por deudas de valor referidos a los bienes patrimoniales de la salud y la vida.[19][19]

         Es éste un tema donde el tiempo y la esencia de lo jurídico se ponen a prueba.         

Los créditos laborales se diluyen con agravio del derecho de propiedad de los actores, sin importar la naturaleza alimentaria de la reparación en relación directa con el daño sufrido, a partir de la prolongación de los litigios. Se constituye así un círculo vicioso, que contribuye al atiborramiento de la justicia laboral y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que muestra un atraso manifiesto en sus despachos y resoluciones de los recursos que tramita.

         Los casos más patéticos se encuentran en miles de juicios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que refieren a condiciones en que las víctimas muchas veces son arrastradas a la marginalidad social. Se sustancian en expedientes que se prolonga en lustros de trámite, al servicio de ese expoliador proceso financiero.

         Aceptando ese lugar común, (sabiendo de su reaccionaria formulación), por el que se ha denunciado de que la defensa abogadil puede transformarse en industria a ejercer en los tribunales, que ha sido formulado en reiteradas oportunidades por Cámaras empresarias y de aseguradoras, presidentes de las República, e importantes medios de prensa, se tendría que aceptar que la prolongación de los procesos tiene por causa, tiene causas económicas en las conductas de los dañantes y sus defensores, que deben responder a sus intereses en juego. Y que esas causas económicas, son de mucho mayor incidencia en la situación denunciadas, que el proceder incorrecto de algunos de los trabajadores o sus abogados.

         Lo cierto es que hoy, los juicios duran alrededor de una década, por que esto implica una fuente de financiación, en la que las deudas, a valores reales de moneda constante, son liquidadas en forma misérrima y tardía, empujando a los acreedores a la marginalización social.