213. La reglamentación de la Ley 26.773. Anales 2014 - RJCornaglia

El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades constitucionales que le son inherentes (art. 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional) y las legales encomendadas en la Ley de Riegos del Trabajo 24.557, (art. 11, apartado 3), procedió a reglamentar parcialmente la Ley 26.773, que reformara a la anterior en octubre del 2012.

         El ejercicio que llevó a cabo el administrador de su poder reglamentario, no se agota en el texto de ese decreto de 17 artículos, puesto que en el mismo, se delega a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la obligación de dictar las normas complementarias necesarias para su aplicación (nuevos reglamentos a dictar), y a regular la adecuación de las situaciones especiales establecidas en el artículo 45 de la Ley Nº 24.557 y sus modificatorias, al régimen reformulado por la Ley Nº 26.773.

         Existe tras estas amplias delegaciones de la reglamentación, una velada  resignación de facultades naturales y propias  del Poder Legislativo. Burocráticamente se avanza en una seguidilla interminable de reglamentaciones y reglamentaciones de reglamentaciones, desprendidas en cascada de la Ley 24.557. El subsistema de seguridad social implementado, se sostiene a partir de una compleja trama estatal y privada, destinada a cumplir los fines de esa norma, que a esta altura de la circunstancias apabulla al operador del derecho.

         Muchas de las disposiciones de la L.R.T. 24.557, han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, al punto que con razón se sostiene que esa ley ostenta el record de declaraciones de inconstitucionalidad practicadas por los jueces del país. Las sucesivas reformas que se le practicaron se llevaron a cabo con el fundamento de superar esas declaraciones, pero vienen corriendo con la misma suerte, y sus reglamentaciones, también.  

         Esta nueva reglamentación, se instala en  un piélago de inseguridades jurídicas, que como el pecado original a los cristianos, por un defecto de origen. El subsistema de la seguridad social de la Ley 24.557, se mantiene artificiosamente, con una carga de culpas heredadas, en esta lucha que se asemeja al tejer de Penélope o el quehacer de Sísifo.[1]

         Cuando en 1997 la editorial La Ley publicó la obra "Riesgos del Trabajo. 1997. Ley 24.557 normas reglamentarias y complementarias", sistematizó un texto de 769 páginas. Hoy nos compadecemos del esfuerzo compilatorio al que debería someterse un editor que quiera ponerse al día con las normas reglamentarias que sucedieron desde entonces, cuando transcurrieron  otros diecisiete años de paciente quehacer de una burocracia incansable. La edición actualizada será siguiendo siendo necesaria para todo operador de derecho, que no cuente con las facultades de Funes el memorioso.

         La memoria del reglamentador lamentablemente no guarda registro histórico ni de su propio quehacer. Esto se pone de manifiesto, con referencia a las leyes que regulan los infortunios de trabajo, que en varias ocasiones provocaron reglamentaciones inconstitucionales, sobre las cuales operaron tanto los sistemas de internalización de costos empresarios (leyes 9688 y 24028), como los de externalización de costos empresarios (ley 24.557).

         Durante décadas, el primero de esos sistemas funcionó precaria e inconstitucionalmente a mérito de un decreto de presidente Hipólito Yrigoyen, preparado por Alejandro Unsain, por el cual hasta mediados del siglo XX, pudieron las víctimas cobrar las indemnizaciones por infortunios del trabajo, sin someterse al pago de las míseras pensiones que reconocía la norma madre.[2]

          Esta norma reglamentaria, trata de acotar y racionalizar el aquelarre que la ley 24.557 creara con el llamado período de provisonalidad, en los casos de indemnizaciones, las prestaciones salariales equivalentes a salarios de trámite mientras la aseguradora se refugie en la indeterminación de la incapacidad, que la llevan a especular con esas prestaciones en relación con las indemnizatorias por durante cinco años, se tratan. Su signo es responder a la lógica de la ley de maximización de los beneficios respondiendo a su naturaleza de sociedad anónima.

El decreto crea un periodo de “transitoriedad” (mezcla de la incapacidad temporaria, con la provisionalidad). Claramente no reglamenta, ya que crea una institución nueva no prevista en la norma reglamentada. Es un instituto pensado para prolongar el pago de indemnizaciones importantes. Está previsto para beneficiar financieramente a las ART, prolongando el pago sin intereses del capital indemnizatorio. Reincide en el error de la reforma, en cuanto a que los trabajadores son privados de percibir intereses desde que sufrieron los daños y sólo pueden percibirlos desde que la autoridad administrativa o los prestadores de salud cumplan con sus deberes burocráticos, permitiéndoles operar a partir de ellos y beneficiarse hasta con su renuencia a cumplirlos.

El reglamento deja sin efecto las pautas de cálculo de la indemnización prevista en el art. 14.2 “b”, de la Ley 24,557, (en una derogación legal implícita) ya que con la excusa de reglamentar altera inconstitucionalmente el modo de cálculo de la indemnización en notorio perjuicio de los trabajadores, dado que hasta ahora se podía utilizar un calculo actuarial muy similar al impuesto en el fallo  “Mendez” que era el más seguido en la jurisprudencia., (ya que la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, establecía que para estimar el valor actual de la renta futura había que aplicar un interés de descuento del 4% y la tabla de esperanza de vida Gam 71).

         En los considerandos del decreto 472/14  se cita precedentes de la Cámara Nacional del Trabajo que habrían resuelto aplicar por analogía el método de calculo del art. 14 2 a cuando se declaraba la inconstitucionalidad de la forma de pago en renta.

.Pero como sucede en varias jurisdicciones provinciales, en  la Provincia de Buenos Aires, que alberga al cuarenta por ciento de la población trabajadora del país, la S.C.J.B.A., estableció que la invalidez de la forma de pago no altera el modo de cálculo del valor actual de la indemnización previsto en el art. 14. 2 b.

Por comodidad e ignorancia muchas veces se aplico el 14. 2 a LRT pero los resultados son muy distintos y las ART, como empresas aseguradoras y expertas en cálculos financieros, especulaban al respecto, cuando la incapacidad de la víctima era entre 50 y 65 % aplicar el calculo actuarial del art 14. 2 b, ya que esto determinaba que sus costos fueran más altos que con incapacidad absoluta o una muerte.

La Corte de la Nación en  el caso “Arostegui”[3] dejó entrever que no puede aplicarse la formula del art 14. 2 a, al criticar la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que había seguido ese criterio para obtener un parámetro de comparación.

La jurisprudencia de la SCBA y de la CSJN que se expide en sentido contrario a la jurisprudencia que se cita en los considerandos del decreto y de ser respetada, lleva a tener que reconocerse que el decreto excede de una simple reglamentación, suprimiendo una forma de calculo e imponiendo una reparación que resulta  mas perjudicial al trabajador.

Resulta positivo del decreto que se ratifique la tasa activa de la Resolución dela  S.R.T. 2524/05, en forma más amplia, de lo que establece la Resolución S.R.T. 414 de esa autoridad de aplicación, con referencia sólo al proceso administrativo, lo que ha llevado a jurisprudencia de la S.C.J.B.A., a afirmarse en su increíble imposición de la tasa pasiva, que no resiste a ningún análisis y la hace imponer criterios a los jueces de grado, que invaden sus deberes u competencias naturales, reconocidos por el art. 622 del Código Civil, transformando al Tribunal Superior en juez de conocimiento de la causa con agravio del imperio de los que en esa materia no son sus inferiores. Ya que las intervenciones de la S.C.J.B.A., están acotadas al absurdo y lo inaplicabilidad de la ley o el empecinamiento en sus doctrinas jurisprudenciales previas.

Los silencios del decreto lo condenan. No está previsto en él, que sea el trabajador quien pueda pedir el plazo de transitoriedad, que fue articulado y pensado como una facultad del asegurador o el auto asegurador. Como si permanecer en ese limbo de indefinición no fuera discutible por la víctima asegurada.

Ni siquiera se define en el decreto, si aceptar los pagos implicarían el ejercicio de la opción excluyente. Lo que abre el debate a una nueva cuestión que plantearán los deudores dañantes y sus aseguradoras, de dudosos resultados, por cuanto no siempre los jueces tienen presente la implícita inconstitucionalidad de una renuncia de lo irrenunciable, que afecta a un derecho humano, como es el de la reparación de la vida o salud dañada.

         Esto desde el punto de vista constitucional, excede a las facultades reglamentarias, puesto que modifica la Ley reglamentada, pero además, afecta el derecho a la reparación plena de la víctima (art. 19 de la C.N., resultando del aplicación el art. 18 de la C.N.)., .

         Las reformas y sus reglamentaciones, han sido sancionadas aparentando un acatamiento a los criterios de la jurisprudencia constitucional que hicieron lugar a la llamada ültima ratio, pero se nos ocurre que el poder ejecutivo no asume con sinceridad las consecuencias del desmadre que provocara en materia de derechos de daños y en cuanto al ejercicio del derecho de defensa de las víctimas y su acceso irrestricto al juez natural con lo que implica de agravio de la garantía del debido proceso judicial.