Editorial.
El acceso a la justicia de los trabajadores y los avatares de su defensa.
Por Ricardo J. Cornaglia
El defensor sabe que su tarea es solitaria. Busca apoyos, trata de refugiarse en la doctrina, la jurisprudencia, la opinión pública, los gremios, los partidos políticos, los medios de difusión masiva, en su búsqueda de la justicia que se le puede negar a su defendido. Cuando se desespera, hasta implora.
Pero todos esos refugios, pueden que estén en contra de los valores en los que sustenta su defensa y hasta es posible que con total indiferencia o lo que es más grave, disimulada intención, los estén traicionando.
La suprema manifestación de la defensa, se mide al fin en soportar la soledad y hasta la derrota, para cumplir con el cometido lealmente.
Si el apostolado de los defensores es duro, uno de los obstáculos más difíciles de superar es tener que enfrentar al imaginario colectivo. Saberse frente a las presunciones consentidas. Actuando contra la opinión establecida y respetada afirmada en el discurso de los poderosos y las mayorías.
Su defendido y él quedan desnudos, ante los prejuicios. Inermes en épocas en que la represión totalitaria (una tentación siempre presente) arrecia.
Néstor Martins, era un modesto abogado laboralista, que luego de la consulta por un juicio de esta clase salió de su estudio caminando con su cliente, el metalúrgico Nildo Zenteno, y en la Plaza del Congreso fue secuestrado por un grupo de tareas, el 16 de diciembre de 1970. Ambos, hermanados, cliente y abogado, desaparecieron. Se puso en marcha la política de seguridad Nacional en materia de desaparecidos.
Esto en menor medida, pero idéntico desamparo, le sigue sucediendo al asalariado víctima de un infortunio laboral dejado de asistir y al abogado que asume su defensa.
La vigencia mantenida desde 1996, de la Ley 24.557 con sus innegable vicios de inconstitucionalidad, la norma pese a sucesivas reformas, sólo sirvió para dar apariencia de falsa legalidad a un negocio ideado a partir de mecanismos propios de la ingeniería financiera, para constituir un oligopolio operante contra las expresas disposiciones establecidas en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Este número 4 de La Defensa, reproduce y sistematiza información escrita y video grabada, atinente a esta cuestión que atañe a los sectores más desprotegidos de la población. A los trabajadores dependientes enfermos o accidentados, a sus familiares, que quedan sin ninguna cobertura, a la intemperie. Que en muchos casos, cuando quedan incapacitados permanentemente, van camino del despido por constituirse en mercadería prescindible para los apropiadores de su trabajo, porque ya no rinden ganancia.
La revista, luego de tratar ir al fondo de la cuestión: la suerte de los defendidos, incursiona en el derecho de ejercer la profesión de defender, ante el juez natural (no ignorante por falta de especialidad en el tema). Esa profesión, que como verdad establecida de quienes hablan desde el poder político, económico o de medios de difusión, con ligereza y sin conocimientos reales serios de la crisis, termina siendo calificada de práctica mafiosa, de función carroñera propia de caranchos, de vil industria.
Los calificativos sobran para el menosprecio injusto que ahonda la soledad de la defensa. Abogados son muchos de los legisladores, presidentes, ministros, representantes de burócratas sindicales de empleadores y asalariados, que los usan, y repiten a Caín en la carne del solitario. No queremos acompañarlos en su crueldad a precio o por ignorancia. Nos causa vergüenza ajena el indigno vituperio.
Un D.N.U. sin urgencia que lo justifique, y una media sanción de ley que van apareados y en línea, que suman al oficialismo y a importantes sectores de la oposición, en un cometido que obliga a largos años de litigiosidad necesaria, si no se quiere dejar testimonio de una indigna conformidad con el agravio a los derechos humanos sociales y económicos fundamentales.
La colegiación supo albergar y cobijar a esos defensores y sus defendidos, desde 1996, cuando a poco de la entrada de vigencia de la ley 24.557, desde el modesto Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, se emitió un dictamen que sorprendentemente comenzó a fotocopiarse y venderse en la Plaza Lavalle, y sirvió para fundar demandas de inconstitucionalidad y daños, con las mismas razones esgrimidas, que la Corte recién admitió ocho años más tarde, con citas de derecho y jurisprudencia comparada, pero ignorando esa modesta fuente abogadil. El dictamen sigue teniendo vigencia y lo reproducimos entre los vericuetos de las páginas ocultas de esta revista, que registra más material informativo de lo que aparenta su engañosa portada.
En este número se explica, cual es la suerte de los siniestrados a los que el negocio que tan falsamente se mantiene y legitima, no brindan otro camino que el litigio, desarmando el blindaje construido para favorecer a los dañantes y sus aseguradoras y el papel que le correspondió a la administración que tiene a su cargo el ejercicio de policía para evitar las prácticas corruptas y dejó de hacerlo.
Se trata de hacer aportes, a este estado de cosas que irremediablemente lleva a la falta de pan y trabajo, que el artista plástico retrató, con el cuadro que ilustra nuestra portada, para que comencemos a indagar en nuestro presente, como se discrimina y puebla la marginalidad de nuestras villas. De paso enaltece la función del defensor de los humildes.