Proyecto de Ley de Reordenamiento sindical. 1984.
Intervención en el debate parlamentario en diputados.
Ley Mucci: a 35 años de la embestida del peronismo contra
Alfonsín
Buscaba democratizar la vida sindical
y debilitar así la “columna vertebral” del justicialismo.
Santiago
Senén Gonzalez/ Fabián Bosoer.
Perfil. 9 de marzo del 2019
Rechazada por el Senado, fue la derrota
inaugural del hasta entonces poderoso radicalismo alfonsinista. Santiago Senén
González / Fabián Bosoer Frente a frente. Alfonsín quiso enfrentar al
gremialismo representado en Saúl Ubaldini: no pudo. Germán López, el ideólogo
de la fallida ley. FOTO: CEDOC MÁS NOTICIAS DE ELOBSERVADOR Los pergaminos del
nuevo mundo A 85 años del "debate de las carnes" y el asesinato de
Bordabehere Los niños con dificultades del lenguaje en época de pandemia El
nunca más de la corrupción SÁBADO 9 MARZO, 2019 El 30 de octubre de 1983, Raúl
Alfonsín –candidato de la Unión Cívica Radical– triunfa en las elecciones
derrotando al justicialismo y superando por mucho su caudal histórico, con un
52% de los votos, sobre un 40% obtenido por el peronismo. Pese a la derrota, el
peronismo conquista la mitad de las provincias, una sustantiva primera minoría
en Diputados (111 frente a 129 del radicalismo) y una supremacía eventual en el
Senado. El radicalismo contaría con 18 de los 46 senadores. Lineamientos. En su
primer mensaje ante la Asamblea Legislativa al asumir la Presidencia, el 10 de
diciembre, Alfonsín definía así los lineamientos de su gobierno en materia
sindical: “Lo inmediato es combatir el empobrecimiento colectivo del sector
asalariado. Para ello hay que establecer la función primordial del sindicato,
asegurando que éste sea realmente representativo y vigoroso, con aptitud para
una participación creciente en las decisiones básicas del mundo económico, a
través de la concertación (…). El sindicato único por actividad y la
prohibición de incursionar en la política partidista, así como la
reivindicación de la democracia interna, serían los pilares de su política
laboral. No hay democracia posible sin los sindicatos fuertes, representativos
y democráticos en su funcionamiento y constitución”, enfatizó. En su plataforma
electoral, el radicalismo prometía la reimplantación del salario mínimo, vital y
móvil; la actualización salarial atendiendo a la tasa de inflación y la puesta
en marcha de las comisiones paritarias. Las últimas elecciones sindicales
databan del período 73-76, así como las últimas paritarias. Durante la
dictadura, la dirigencia sindical había dejado en el camino víctimas y
conquistas. Y aprendió a sobrevivir y adaptarse a las circunstancias. Había
tres categorías de “sobrevivencia”: los gremios intervenidos, aquellos, donde
se había desplazado a las autoridades legítimas y colocado a comisiones
transitorias, y un último grupo cuyas conducciones tenían mandato prorrogado
por las autoridades de facto. Alternativas. El nuevo gobierno tenía dos
alternativas: operar sobre una legislación de fondo que consideraba anacrónica
o dotar primero de una nueva legitimidad a los actores sociales de esa
legislación. Desde
el ámbito sindical, tanto la CGT-Azopardo (más dialoguista) como la Cgtra (más
confrontativa), que agrupaban al grueso del sindicalismo, saludaban la asunción
del nuevo gobierno, pero advertían: “a nadie debe asustar la fortaleza de las
organizaciones obreras que sustentan la libertad y la democracia”. Vendrían
entoces varios intentos de unificar las dos CGT creando una comisión para
planificar la postura común en el Congreso y actuar como interlocutores válidos
del flamante radicalismo gobernante. El gobierno había elegido una estrategia
inédita y riesgosa: generar una ley electoral sindical, análoga a la ley
electoral política, para que los trabajadores eligieran libremente sus representantes,
haciendo un “blanqueo” de la dirigencia sindical. Sobre esa base, se pensaba
ulteriormente consensuar el marco legal de la concertación y la legislación de
las relaciones laborales. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Antonio
Mucci, con pasado como dirigente del gremio gráfico y ex dirigente de la CGT,
venía considerando desde antes de asumir el proyecto de reforma sindical, junto
con Gabriel Matzkin, Emilio Capuccio y Norberto Troglio. En una de sus
iniciativas más importantes, la propuesta establecía la participación de las
minorías en los gremios: cualquier fracción que lograra un 25% de los votos
tendría representación en la conducción. Fijaba, además, el voto directo,
obligatorio y secreto y, según su artículo 41, no requería, por esa única vez,
antigüedad en la actividad para ser candidato en todas las elecciones
previstas, y determinaba la duración máxima del mandato en tres años, con una
sola posibilidad de reelección inmediata. Absurdo. El proyecto, conocido como
Ley de Reordenamiento Sindical, fue enviado al Congreso el 17 de diciembre y
gran parte de los ámbitos gremiales lo observan como un revulsivo para todo el
sindicalismo. El 19 de diciembre, la Cgtra la calificó como un “proyecto
absurdo” y decretó el “estado de alerta y movilización”. Sin embargo, un
encuentro de más de cinco horas entre Mucci y Saúl Ubaldini realizado el día
24, abrió nuevas expectativas en las negociaciones. Apoyaron la iniciativa un
conjunto de agrupaciones de reciente formación que aspiraban a disputar la conducción
a la dirigencia peronista tradicional: el Encuentro Nacional de Trabajadores
(Entra) que tenía como referentes a Alberto Piccinini (metalúrgico), Julio
Isabellino Guillán (telefónico) y Alberto Cortez (vendedores de diarios); la
Asamblea Gremial Argentina (AGA) liderada por José Báez (seguros) y Blas Alari
(papeleros), el Movimiento Nacional de Renovación Sindical, alfonsinista,
encabezado por el judicial Néstor Rompani, y algunos dirigentes “históricos”
del peronismo combativo como Andrés Framini y el municipal bonaerense Antonio
García (Plenario Sindical Peronista). Estos nucleamientos formaron una Mesa de
Enlace Gremial. El año 1984 se inició así con una prematura interrupción de la
“luna de miel” para el gobierno radical, con la atención puesta en la ley
sindical impulsada desde la cartera laboral. Mientras el 25 de enero se
proclamaba la conducción única de la CGT que designa como secretarios generales
a Saúl Ubaldini, Osvaldo Borda, Jorge Triaca y Ramón Baldassini, el 30 el
Ministerio de Trabajo intervino el Sindicato Unico de Petroleros (SUPE) y el
31, la Federación de Obreros y Empleados del Papel. La CGT unificada reiteró el
“estado de alerta y movilización” ante lo que calificó de “política
intervencionista del gobierno” y denunció ante la OIT “la violación de la
autonomía y libertad gremiales”. Minorías. Mucci quería ampliar las comisiones
transitorias con sectores internos adversarios a la conducción, en nombre del
pluralismo sindical. En una agitada sesión de más de quince horas, entre el 10
y 11 de febrero, la Cámara de Diputados dio media sanción al Proyecto de
Reordenamiento Sindical enviado por el Poder Ejecutivo. La oposición fue
comandada por el titular del bloque justicialista, el veterano petrolero Diego
Ibáñez. Un día antes, el 9, la CGT cerró todas las negociaciones con
legisladores radicales y posteriormente, el día 16, una manifestación convocada
por la UCR colma la Plaza de
Mayo para apoyar la propuesta que había pasado al Senado.
Alfonsín pronuncia desde los balcones de la Casa Rosada un improvisado
discurso, de cara al segundo round de la batalla. En febrero hubo amparos
judiciales contra las intervenciones dispuestas por el Ministerio de Trabajo al
SUPE (petroleros) y Foetra (telefónicos), un traspié para el curso inicial de la
normalización. Las conversaciones continúan dentro y fuera del ámbito
legislativo. Con resultados muy ajustados en el Senado, donde las posiciones se
dividían casi en paridad de apoyos, el destino de la estrategia oficialista
pasaría por la decisión de los hermanos Sapag, veteranos caudillos de Neuquén:
Felipe, gobernador, y Elías, senador de esa provincia, y actor “bisagra” a la
hora de votar. La estrategia opositora, en tanto, era ganar tiempo, frenar por
vía judicial el curso del reordenamiento y negociar punto por punto los 48
artículos de la ley. Los neuquinos terciaron y reclamaron favores muy concretos
para su provincia: el control del gasoducto Loma de la Lata y la empresa
Hidronor. Finalmente, el 14 de marzo, el Senado rechazó el proyecto oficialista
aprobado en Diputados. A la negativa del justicialismo se sumaron los votos
adversos del Movimiento Popular Neuquino y del desarrollista formoseño Manuel
Vidal. Con 24 contra 22 favorables de radicales, bloquistas y autonomistas
liberales, la propuesta llegó a un punto muerto. Límites. La derrota
legislativa deja al descubierto el primer límite en los márgenes de acción del
gobierno radical. El 23 de marzo, desde los balcones de la Casa Rosada y ante
una multitud que acude nuevamente a la Plaza de Mayo convocada para celebrar
los primeros cien días de democracia, Alfonsín formuló una amplia convocatoria
a todos los sectores políticos “para poner de pie a la Argentina y hacerles
entender a los de afuera que podemos discutir, pero que no nos estamos debilitando”.
Tras el rechazo en el Senado del proyecto de Ley Sindical, la CGT unificada
anunció un “plan de acción” contra la actitud oficial “porque el Presidente
contesta con expresiones de deseos a los reclamos de los trabajadores”.
Asimismo, la central obrera convocó a los partidos políticos, sectores
empresarios, juveniles y religiosos a integrar “un amplio frente nacional que
sirva de sustento al Estado para proteger la democracia”. Exhortó, al mismo
tiempo, al gobierno a derogar la Ley 22.105 de Asociaciones Gremiales del
régimen militar y a “abrir un diálogo ecuánime para resolver los problemas que
nos afectan y nos duelen”. Dentro del gobierno se manifestaron dos tesituras
diferentes sobre los pasos a seguir. De un lado, quienes proponían aplicar la ley
vigente –de la dictadura militar– e instrumentar la ley electoral interviniendo
los gremios con el apoyo de los sectores proclives al proyecto derrotado en el
Senado. Era el grupo identificado con el secretario general de la Presidencia,
Germán López. Por otro lado, estaban quienes creían agotado el margen de
confrontación y abogaban, tras la frustración de la ley deseada, por una “ley
posible” de normalización. Las cartas estaban echadas respecto de la
permanencia de Mucci en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El 24 de
abril, el propio Mu-cci confirma su alejamiento (la primera baja del gabinete)
asumiendo su exclusiva responsabilidad por el fracaso de la iniciativa. Al día
siguiente jura su sucesor, el hasta entonces diputado radical bonaerense Juan
Manuel Casella, anunciando “un cambio instrumental, pero no de política” en su
gestión. Casella acotó su objetivo a la “normalización de la vida sindical: y
le puso plazo fijo: prometía abandonar en seis meses el ministerio. Unos días
antes, el senador justicialista Oraldo Britos presentaba su iniciativa para la
ley sindical, proyecto que rescata la ley 20.615, referida al reconocimiento de
un solo sindicato por rama de producción y la vigencia de los estatutos como
marco de aceptación o no de la participación de las minorías en la conducción
de los gremios. Nacía el llamado “proyecto Britos”, que daba por superada la
intención de Alfonsín de llevar la democracia interna a los sindicatos y
recortar el poder del sindicalismo peronista. Un ministro socialista en el
gabinete radical Primer ministro de Trabajo del gobierno de Alfonsín (vendrían
luego otros cuatro) Antonio Mucci era un dirigente del sindicato Gráfico de
ideas socialistas que trabajó también en el periodismo y tuvo actividad
política y sindical en los años 60 en una discreta segunda línea. Había nacido
en Avellaneda, un 30 de enero de 1932. En 1961 acompañó a Riego Ribas en una
dirección compartida de la CGT en la que estaban, entre otros, Augusto Vandor y
Rosendo García. Y es con ellos que se reúne en 1964 con Ernesto “Che” Guevara
en Cuba en 1964. Un año antes en noviembre de 1963 presenta en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) una exposición sobre el movimiento obrero
argentino. Quien lo promueve como ministro de Trabajo de Alfonsín será Germán
López, el verdadero padre político del proyecto sobre la Ley de Reordenamiento
Sindical que tenía por objetivo incorporar la representación de las minorías en
la conducción de los gremios. Renunciará el 24 de abril del 84, tras la derrota
del proyecto, y será designado embajador en Ecuador. Mucci falleció el 17
de noviembre de 2004, retirado por completo de la escena pública.
*Autores de La lucha continúa. 200 años de historia sindical en la
Argentina. (Vergara, 2012), entre otros libros. (Fuente www.perfil.com).
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