Editorial.
La reforma del Código Civil y Comercial proyectada.
Por Ricardo J. Cornaglia.
En el número 12 (abril del 2017) de La Defensa, dedicamos el editorial a “El análisis económico del derecho, los derechos humanos, sociales fundamentales y la reforma laboral”. Preocupados por la importancia que tuvo como matriz cultural, la llamada escuela económica de interpretación del derecho, que declinando el llamado teorema del premio Nobel de economía Ronald Coase, la Escuela de Chicago se encargó de servir a la revolución conservadora, destacamos que sigue inspirando de lege lata a nuestra doctrina y jurisprudencia. Y de lege ferenda a nuestros legisladores y en especial al poder administrador, que con sus iniciativas, en ejercicio de un presidencialismo enfermizo, suele avasallar las competencias de los otros poderes, mientras demuestra ineficacia manifiesta en el encargo de su cometido específico (administrar).
Esa conspiración cultural que hace de nuestra Constitución un chicle a masticar y escupir, tiene en el abogado de a pie un obstáculo y provoca un trato denigrante para el mismo. En especial cuando éste se atreve a defender a quienes, en el reparto del poder, les toca el papel de estar sometidos a complejas prácticas de dominación. Por ellos tiene que quebrar algunas lanzas una federación gremial que dentro de poco cumplirá 98 años de existencia, que une y representa a 81 colegios de ley de abogados y tres asociaciones que con igual rango y naturaleza democrática operan.
El lector puede acceder a ese material mediante el botón operador “Indice” de esta portada, que nos provee un registro permanente de nuestros anteriores dieciocho números mensuales editados, y encontrará entonces, con referencia a la Reforma Laboral europea un invalorable trabajo de Alain Supiot, “El Derecho Social como variable de ajuste. La Reforma Laboral”, que le servirá para entender en que baile de carnaval nos encontramos. Si sigue nuestro consejo, ayudará a incrementar las 6.500.000 vistas de páginas que este modesto medio, para nuestra sorpresa viene alcanzando.
Pero si en ese contexto la reforma precisada en torpe proyecto nos preocupaba, ahora otra iniciativa pasa a desvelarnos.
El post moderno Código Civil y Comercial que entrara a regir el 1 de agosto del 2015, redactado a partir de un anteproyecto especialmente inspirado en la corriente cultural antes mencionada, como era de suponer para acompañar la afiebrada capacidad reguladora de quienes sostienen estar guiados paradójicamente en la desregulación, a poco tiempo transcurrido provoca intentos de nuevas reformas.
Hemos explicado hasta el cansancio, que un código de la igualdad ciudadana (civil), nunca puede ser cooptado por el derecho comercial (derecho de la clase), rico y potente, capaz de construir protecciones útiles al poder financiero internacional, en su versión no democrática de la globalización. La cooptación implica una contradicción en sí misma, que agravia el principio de razonabilidad de la ley que la constitución ordena en su art. 28.
La crisis de valores implícita en esta visión del derecho como instrumento al servicio del poder y no de la justicia, ha llevado a la cooptación del derecho civil por el derecho de la empresa (forma moderna y sincera de calificar al otrora honroso derecho comercial).
Un afiebrado reformismo regulatorio que ignora un derecho constitucional que en su sabia arquitectura modeladora de un Estado de Derecho Social ordenó en la constituciones de 1949 y en la reforma de 1957, dictar un Código Social y luego un Código del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sigue prefiriendo olvidarse de los necesitados y emparcha una y otra vez, un derecho que sirvió esencialmente para construir una sociedad en la que la desigualdad es privilegiada y el fraude, que ahonda la desigualdad, promovido por el sistema. Para desnudar la cuestión siempre será necesario de abogados, por algunos tratados como cuervos, mafiosos o caranchos y esa especie aún más desvalorizada por la opinión pública, de abogados que dignificados por los poderes constituidos alcanzaron el rango de jueces.
Esa revista pone a disposición sus páginas para quienes pueden aportar opiniones, pero sobre todo información fidedigna, de lo que se está intentando hacer. Somos lo que hacemos, no lo que decimos ser.