Editorial.
Convocatoria a la XIXa. Conferencia Nacional del Abogados
Por Ricardo J. Cornaglia
Acceso a la Justicia y el rol del abogado.
La FACA ha convocado a la XIXa., Conferencia Nacional de Abogados que se llevará a cabo en abril del 2019, en La Plata, actuando en la ocasión como anfitrión el Colegio Público de Abogados de esa ciudad Capital de la Provincia de Buenos Aires.
La anterior, XVIIIa. Conferencia Nacional de Abogados, se llevó a cabo el San Miguel de Tucumán, los días 10,11 y 12 de agosto del 2016 bajo el lema “Debate desafío a un año de la sanción del Código, Civil y Comercial”.
Pesa sobre el Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación la organización académica del evento que se llevará en esta ocasión bajo el rótulo del “Acceso a la justicia y el rol del abogado”.
Se repartirá en tres jornadas y participarán los juristas más destacados con que cuentan más de ochenta Colegios Públicos y tres Asociaciones de abogados, que integran orgánicamente a la Federación Argentina de Colegios de Abogados y acuden, como animadores, los integrantes de las Secciones de nuestro Instituto que designa sus coordinadores, organizando en principio, en cinco comisiones, los informes y debates de las ponencias. También las conclusiones.
El Colegio de Abogados de Córdoba, ha prometido convocar para el mes de noviembre del 2018, una Jornadas Nacionales Preparatorias de la Conferencia.
Nuestro país, es notorio, pasa por una profunda crisis de la juridicidad, de la cual puede salir fortalecido o nuevamente frustrado.
Este número de La Defensa expone un debate sobre la revolución informática en lo que nos atañe, que muestra que la problemática, además de ser nacional, alcanza a tener un sesgo tecnológico mundial. Quien no anticipa, mal puede llorar sobre la leche derramada. La informática cognitiva puede ser una amenaza o un nuevo instrumento que pongamos a nuestro servicio, si estamos a la par de su conocimiento. Cómo siempre, el conocimiento es poder y el poder una amenaza o una esperanza.
El juzgamiento de los militares y cómplices civiles, responsables de los gobiernos de facto de 1966 y 1976 y sus atrocidades, pudo ser un ejemplo, lo fue en cuota modesta y se transformó en un parto de la siete leguas, con alumbramiento tardío y débil.
Ahora, a cuarenta y cuatro años de restablecimiento de la vida constitucional, cuando la peste de la corrupción en los sucesivos gobiernos democráticos es procesada, colocando en el banquillo de la acusación a los más altos dignatarios, la tecnocracia que le sirve y al empresariado que engordó sus arcas, el poder judicial se constituye en el principal animador del proceso. Lo hace respondiendo tardíamente a lo que la prensa y la propia opinión pública esclarecida, ponía de relieve, para no ser cómplices con su silencio. Un poder republicano, que con y sin el menor amago de autocrítica, está cumpliendo a regañadientes los deberes que le impone la República, y desnudando sus propias debilidades. Pero por fin lo está haciendo.
El Congreso que emana de la representación popular, lejos estuvo de cumplir con sus deberes hasta el presente, en el desafío de enfrentar a la corrupción imperante.
Fueron periodistas los que hicieron reventar la pústula. Y muchos de ellos, abogados, que como Mariano Moreno y Monteagudo, advirtieron que la prensa se puede constituir en un bastión militante del hacer justicia, insustituible en un Estado que basa el poder en la soberanía popular.
En la recurrente reconstrucción de ese Estado, la Federación encara la tarea desde los cimientos y convoca a la abogacía y sus instituciones, a desarmar los vallados creados al acceso de la justicia.
Porque la ciudadanía lo necesita y requiere. Y porque en ello les va el futuro a los abogados que se nieguen a los secretos encantos del poder constituido aunque se deban curar en salud, indagando sobre su propia participación, en lo que los argentinos hemos hecho de la Argentina.