Editorial
Análisis crítico de la XIX Conferencia Nacional de Abogados celebrada por F.A.C.A.
Por Ricardo J. Cornaglia
La F.A.C.A. llevó a cabo en La Plata, su XIXa. Conferencia Nacional de Abogados, el 24, 25 y 26 de abril del 2019. Recomendamos leer en ese número de La Defensa, algunas de las conclusiones aprobadas y ponencias presentadas.
El evento, implicó un esfuerzo considerable para la institución madre de la organización gremial de la abogacía argentina, en el que tuvieron participación los 81 Colegios Públicos y las tres Asociaciones representativas de esta profesión, que muchos consideran un Mal necesario (la mayúscula tiene su sentido). El peso de la carga especialmente fue soportado por el Colegio anfitrión, que como siempre ha sucedido en los últimos eventos que cada dos, tres o cuatro años, nos desafía a los abogados para madurar, en relación al debate doctrinario de los grandes temas que afligen a los argentinos, en relación a la ciencia del derecho, sincerada por las técnicas operativas que la ponen prueba.
En la ciencias sociales, lo científico cobra sentido y se justifica a partir de la experiencia técnica. Nos honra que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Derecho de Universidad Católica Argentina, expresamente auspiciaron el evento y sus decanos, abogados en ejercicio, expusieron en la misma, como lo hicieron jueces de la C.S.J.N. y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que antes de ser magistrados ejercieron la profesión por décadas. A ellos nuestro agradecimiento, extensivo a todos los que participaron y especialmente a los ponentes, relatores y asistentes que aportaron a los debates.
El saber científico del derecho, (del cual y para el cual vivimos los abogados), se pone a prueba para que tenga sentido y no se transforme en una más de las frustraciones democráticas de los Estados constitucionales, que por ahora, y pese a las promesas que vienen de los siglos XVIII, XIX y XX, siguen sin resolver dignamente la cuestión social.
En las dictaduras, los congresos de abogados si son honestos se transforman en organizaciones que el poder pasa a dar trato de subversivas. En las democracias, estos eventos sólo tienen sentido en cuanto no se transforman en estructuras de adulación de los poderes constituidos. Prácticas burocráticas al fin.
El servicio público de repartir justicia, para la población en general, se encuentra profundamente desprestigiado. El acceso a la justicia pareciera ser un juego de tronos reservado a las clases pudientes, festejado y alentado por la prensa que no alcanza a ser de auténtica investigación. Un recorrido imposible de transitar para quienes carecen de apoyo económico suficiente o un circunstancial posicionamiento de poder efectivo (de cualquier tipo), a hacer valer.
El evento sirvió para llamar la atención sobre la importancia y complejidad del tema, que por supuesto, no está al alcance de ser resuelto, solo por una corporación más, de las muchas que ya existen en la sociedad que sufre el flagelo del no acceso a la justicia. Fue un grito perdido en el barullo de una crisis económica, cultural y política que nos viene marcando a fuego.
Casi en las vísperas de una contienda electoral, en la que no se conocen plataformas y propuestas concretas serias de superación y solo promesas imprecisas o de críticas recurrentes al Poder Judicial, al que se vitupera, puesto que suele dar motivo para ello, pero pocos tienen algo que aportar para superar sus falencias. La defensa de la autonomía necesaria, nos hace incurrir en el desliz de tratar como se merece a la familia corporativa que reproduce en el tiempo sus errores y resiste de soportar los costos (y no hablo de los presupuestarios), obstaculizando perentorias reformas necesarias, en aras de la democracia y luchando contra la burocracia.
Con sus limitadas fuerzas, el Instituto de Estudios Legislativos trató de cumplir una vez más con sus deberes y se siente responsable de la dirección académica del evento que se cumplió a partir del tema que propuso y sabiendo que la Conferencia contó con la participación activa, de juristas de valía que lo integran y colaboración de las áreas académicas de las asociaciones federadas.
Sabemos también que la ciudadanía y la abogacía necesitaba mucho más de nosotros, y que lo nuestro fue nada más que un modesto intento de crear conciencia, con magros resultados científicos y culturales.
Nos reconocemos deudores y no merecedores de indulgencia. De los abogados y en especial, de los que acuden a nosotros. Las necesidades insatisfechas de la población, es la vara con la que debemos juzgar nuestros propios actos.