275.- Las pandemias y el estado social de Derecho. Editorial La Defensa, marzo 2020. - RJCornaglia

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Revista La Defensa del IDEL-FACCA, marzo 2020 No. XLII, “wwww.ladefesa.com.ar”. *Icono Números Anteriores”.
Editorial.
Las Pandemias y el estado social de Derecho.
Por Ricardo J. Cornaglia.
La pandemia del coronavirus, está poniendo a prueba a la civilización. Sin vacuna o remedio que cure a ese virus, tomamos conciencia de la fragilidad de nuestra existencia.
Revela la precariedad e ineficiencia de los sistemas de salud pública, que se suponen se encargan de preservar la especie humana.
Los peligros de la sobrevivencia, en una naturaleza, vengativa ante la afrenta, que como diosa de la antigüedad, además de reclamar que rindamos  pleitesía a su belleza, conllevan dolor y muerte.
Los medios de comunicación masiva y la revolución de la información globalizada, sacudieron la conciencia banalizada de la sociedad de consumo e hicieron a la enfermedad, como en otras épocas de la historia, la protagonista del futuro de cada uno.
La crisis desatada, nos recuerda lo inútil de llorar, por lo que no supimos hacer o dejamos de hacer. Hasta lo estúpido, cobarde e insolidario de nuestras grietas, cuando no somos capaces de construir puentes y nos aterra el abismo. Muchas veces un abismo ficcional, afirmado en una contienda de caníbales.
En el Estado Social de Derecho que constitucionalmente tenemos el deber de edificar, el puente lo constituye una medicina pública, afirmada en un sistema de seguridad social, capaz de brindar cura a la enfermedad. Enfermedad tras enfermedad. Hombre a hombre. Mujer a mujer. Enfermedades al fin, con o sin pandemia. Como tragedia colectiva, como tragedia individual. Agónica.
La medicina pública, el seguro social que abarque a toda la población, constituyen la última defensa relativamente eficaz, ante el drama del enfermo y la propia sociedad enferma.
Y también con las pandemias estúpidamente ocultas, que de pronto, asoman y se revelan en toda su significación.
Como la del mal de Chagas, que se estima con más de 1.500.000 de argentinos infectados (entre 8.000.000 y 13.000.000 en centro y sudamérica), una enfermedad profundamente relacionada con la condición de vida y habitación de los sectores más modestos de la población.
O las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo, que las ART rechazan sistemáticamente y por las que alcanzan cuantiosas ganancias con las prestaciones médicas y las reparaciones que debiendo, no otorgan. Entre ellas, el cáncer causado por el trabajo, sobre el cual las ART no informa de prestaciones otorgadas desde 1996, en que se creó el sistema de seguro obligatorio que tendría que prevenirlo y tratarlo.
Desde hace ya años, la O.I.T., caracteriza en sus informes a la enfermedad causada por el trabajo como una pandemia y para el año 2014, Joaquín Nieto, director  de la Oficina de esa organización internacional para España, alertó al respecto en un artículo que se puede consultar en esta revista que tituló “Enfermedades laborales, una pandemia que requiere prevención” y comenzó el mismo así:
“Las enfermedades relacionadas con el trabajo constituyen una pandemias por la que cada año mueren 2.350.000 personas, de las que unas 340.000 se corresponden con accidentes de trabajo y el resto, unos 2.020.000 por enfermedad laboral, la mayor parte de ellas invisibles porque en muchas ocasiones ni se reconocen ni se registran.”
Un informe de la O.I.T., titulado “Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia”, que data del  2019, sigue estimando que por cada muerte a consecuencia de accidentes, se producen 6,5 muertes por enfermedades laborales.
A partir de informes de la O.I.T. comparados con los que suministra la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en Argentina, la doctora Adriana Séneca en el número de febrero del 2020 de esta revista, llega a la conclusión que las enfermedades profesionales o causadas por el trabajo (no mortales), que dejaron de ser reconocidas como tales, por las aseguradoras de riesgos del trabajo, en el período enero a septiembre del 2019, fueron 122.803. (1)
Del ocultamiento, la indiferencia y las consecuencias de esa pandemia, existen responsables y en un gobierno como el argentino, propio del Estado de Derecho, en especial, la responsabilidad política alcanza a los titulares del ejecutivo y de la administración que bajo su conducción, ejerce el poder de policía en materia de salud. En especial los Superintendentes de Riesgos y los Ministros de Salud.
Son los trabajadores asalariados las principales víctimas de esa pandemia, pero ellos no dejan de ser la punta de iceberg que alcanza a todos. Y todos, tendrían que estar comprendidos por un seguro nacional de salud, respetuoso del programa constitucional incumplido.
Ordena la Constitución consagrando derechos operativos y no una simple promesa demagógica a incumplir, desde 1957, en su art. 14 bis: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales  con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
Desde entonces, los tres poderes republicanos,  con todo tipo de excusas y la mayor parte de las veces, con repugnancia interesada en constituir a partir de la libertad de mercado una coraza de protección a los intereses consolidados de los que verían coartados sus poderes de cumplirse con ese pacto básico fundamental, fomentaron el mantenimiento de un orden social, conservador de privilegios desigualitarios, ineficiente y corrupto. Cada vez, más profundamente ineficiente y corrupto.
Una medicina a la que solo se pueda acceder a partir de las leyes del mercado y en la medida de lo que pueda pagar el enfermo, a la hora del coronavirus, muestra sus debilidades, carencias y contradicciones, con toda su parafernalia propia de la buena hotelería, claudica ante la comparación con el menesteroso hospital público, por que el saber médico en aquel aprende y en aquella sólo cobra.
La solución pasa por construir sobre las ruinas, en una sociedad en la que la ley de la oferta y la demanda, nos saque del pantano en que nos ha colocado.
A falta de programas y debate al respecto en los partidos políticos sobre la cuestión social y la medicina pública, es hora de construir desde las carencias, desde las entidades intermedias de la sociedad, por la ineficiencia de los primeros.
¿Lo entenderán los gremios, que contribuyeron al debilitamiento de la medicina pública en función del negocio rentable de la industria de la medicina privada? ¿Incluso los gremios de las profesiones llamadas liberales que se nutren en parte con trabajadores autónomos? ¿Dejarán de ser simples engranajes de una burocracia que corrompe al sistema? En lo que nos atañe: ¿Comprenderán los abogados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la importancia de contar con una Caja Previsional que otorgue servicios de salud a su afiliados? ¿Podremos los abogados, federativamente, ser protagonistas de una democracia social republicana, que vele por su salud y desde la autogestión sirva para dar un ejemplo?
Puede que la pandemia del coronavirus, sirva para tomar conciencia de otras pandemias y comencemos por entender a partir de la enfermedad, los valores de una sana existencia. Individual y colectiva. Los que tengan la suerte de quedar, cuando termine esta nueva forma de peste, seguirán estando en situación de riesgo social. Pero en derecho, la teoría del riesgo creado, no se construyó para dispensar responsabilidades, sino para profundizar las existentes. Y el constitucionalismo social, sirvió para consolidarlo. Solo los ignorantes y los cínicos, lo desvirtúan. Los que profundizan esas herramientas del derecho y la política, se ven obligados a recorrer el intrincado camino de las contradicciones entre el liberalismo económico y el socialismo, buscando con arduo trabajo las evasivas herramientas propias de las ciencias sociales y la filosofía política. Trabajo en fin, que bien merece que se quiebre una lanza en su defensa. Eso puede ser labor del abogado.
Ver mediante el ícono “Números Anteriores” (a la izquierda de esta portada), de la doctora Adriana E. Séneca: “Accidentabilidad Laboral: Período: enero – marzo 2019.” Revista La Defensa Octubre del 2019. “Ley de Riesgos del Trabajo. Dinámica del sistema de riesgos del trabajo. Siniestralidad laboral período: enero.septiembre del 2019.”
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