Revista La Defensa del IDEL-FACCA, marzo 2020 No. XLII,
“wwww.ladefesa.com.ar”. *Icono Números Anteriores”.
Editorial.
Las
Pandemias y el estado social de Derecho.
Por Ricardo J. Cornaglia.
La pandemia del coronavirus, está poniendo a prueba a la civilización.
Sin vacuna o remedio que cure a ese virus, tomamos conciencia de la fragilidad
de nuestra existencia.
Revela la precariedad e ineficiencia de los sistemas de
salud pública, que se suponen se encargan de preservar la especie humana.
Los peligros de la sobrevivencia, en una naturaleza,
vengativa ante la afrenta, que como diosa de la antigüedad, además de reclamar
que rindamos pleitesía a su belleza,
conllevan dolor y muerte.
Los medios de comunicación masiva y la revolución de la
información globalizada, sacudieron la conciencia banalizada de la sociedad de
consumo e hicieron a la enfermedad, como en otras épocas de la historia, la
protagonista del futuro de cada uno.
La crisis desatada, nos recuerda lo inútil de llorar, por lo
que no supimos hacer o dejamos de hacer. Hasta lo estúpido, cobarde e
insolidario de nuestras grietas, cuando no somos capaces de construir puentes y
nos aterra el abismo. Muchas veces un abismo ficcional, afirmado en una
contienda de caníbales.
En el Estado Social de Derecho que constitucionalmente
tenemos el deber de edificar, el puente lo constituye una medicina pública,
afirmada en un sistema de seguridad social, capaz de brindar cura a la
enfermedad. Enfermedad tras enfermedad. Hombre a hombre. Mujer a mujer. Enfermedades
al fin, con o sin pandemia. Como tragedia colectiva, como tragedia individual.
Agónica.
La medicina pública, el seguro social que abarque a toda la
población, constituyen la última defensa relativamente eficaz, ante el drama
del enfermo y la propia sociedad enferma.
Y también con las pandemias estúpidamente ocultas, que de
pronto, asoman y se revelan en toda su significación.
Como la del mal de Chagas, que se estima con más de
1.500.000 de argentinos infectados (entre 8.000.000 y 13.000.000 en centro y sudamérica),
una enfermedad profundamente relacionada con la condición de vida y habitación
de los sectores más modestos de la población.
O las enfermedades causadas o agravadas por el trabajo, que
las ART rechazan sistemáticamente y por las que alcanzan cuantiosas ganancias
con las prestaciones médicas y las reparaciones que debiendo, no otorgan. Entre
ellas, el cáncer causado por el trabajo, sobre el cual las ART no informa de
prestaciones otorgadas desde 1996, en que se creó el sistema de seguro obligatorio
que tendría que prevenirlo y tratarlo.
Desde hace ya años, la O.I.T., caracteriza en sus informes a
la enfermedad causada por el trabajo como una pandemia y para el año 2014,
Joaquín Nieto, director de la Oficina de
esa organización internacional para España, alertó al respecto en un artículo
que se puede consultar en esta revista que tituló “Enfermedades laborales, una
pandemia que requiere prevención” y comenzó el mismo así:
“Las enfermedades relacionadas con el trabajo constituyen
una pandemias por la que cada año mueren 2.350.000 personas, de las que unas
340.000 se corresponden con accidentes de trabajo y el resto, unos 2.020.000
por enfermedad laboral, la mayor parte de ellas invisibles porque en muchas
ocasiones ni se reconocen ni se registran.”
Un informe de la O.I.T., titulado “Seguridad y Salud en el
centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia”, que data
del 2019, sigue estimando que por cada
muerte a consecuencia de accidentes, se producen 6,5 muertes por enfermedades
laborales.
A partir de informes de la O.I.T. comparados con los que
suministra la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en Argentina, la doctora
Adriana Séneca en el número de febrero del 2020 de esta revista, llega a la
conclusión que las enfermedades profesionales o causadas por el trabajo (no
mortales), que dejaron de ser reconocidas como tales, por las aseguradoras de
riesgos del trabajo, en el período enero a septiembre del 2019, fueron 122.803.
(1)
Del ocultamiento, la indiferencia y las consecuencias de esa
pandemia, existen responsables y en un gobierno como el argentino, propio del
Estado de Derecho, en especial, la responsabilidad política alcanza a los
titulares del ejecutivo y de la administración que bajo su conducción, ejerce
el poder de policía en materia de salud. En especial los Superintendentes de
Riesgos y los Ministros de Salud.
Son los trabajadores asalariados las principales víctimas de
esa pandemia, pero ellos no dejan de ser la punta de iceberg que alcanza a
todos. Y todos, tendrían que estar comprendidos por un seguro nacional de
salud, respetuoso del programa constitucional incumplido.
Ordena la Constitución consagrando derechos operativos y no
una simple promesa demagógica a incumplir, desde 1957, en su art. 14 bis: “El
Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social
obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas
por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
Desde entonces, los tres poderes republicanos, con todo tipo de excusas y la mayor parte de
las veces, con repugnancia interesada en constituir a partir de la libertad de
mercado una coraza de protección a los intereses consolidados de los que verían
coartados sus poderes de cumplirse con ese pacto básico fundamental, fomentaron
el mantenimiento de un orden social, conservador de privilegios
desigualitarios, ineficiente y corrupto. Cada vez, más profundamente
ineficiente y corrupto.
Una medicina a la que solo se pueda acceder a partir de las
leyes del mercado y en la medida de lo que pueda pagar el enfermo, a la hora
del coronavirus, muestra sus debilidades, carencias y contradicciones, con toda
su parafernalia propia de la buena hotelería, claudica ante la comparación con
el menesteroso hospital público, por que el saber médico en aquel aprende y en
aquella sólo cobra.
La solución pasa por construir sobre las ruinas, en una
sociedad en la que la ley de la oferta y la demanda, nos saque del pantano en
que nos ha colocado.
A falta de programas y debate al respecto en los partidos
políticos sobre la cuestión social y la medicina pública, es hora de construir
desde las carencias, desde las entidades intermedias de la sociedad, por la ineficiencia
de los primeros.
¿Lo entenderán los gremios, que contribuyeron al
debilitamiento de la medicina pública en función del negocio rentable de la
industria de la medicina privada? ¿Incluso los gremios de las profesiones
llamadas liberales que se nutren en parte con trabajadores autónomos? ¿Dejarán
de ser simples engranajes de una burocracia que corrompe al sistema? En lo que
nos atañe: ¿Comprenderán los abogados del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, la importancia de contar con una Caja Previsional que otorgue
servicios de salud a su afiliados? ¿Podremos los abogados, federativamente, ser
protagonistas de una democracia social republicana, que vele por su salud y
desde la autogestión sirva para dar un ejemplo?
Puede que la pandemia del coronavirus, sirva para tomar
conciencia de otras pandemias y
comencemos por entender a partir de la enfermedad, los valores de una
sana existencia. Individual y colectiva. Los que tengan la suerte de quedar,
cuando termine esta nueva forma de peste, seguirán estando en situación de
riesgo social. Pero en derecho, la teoría del riesgo creado, no se construyó
para dispensar responsabilidades, sino para profundizar las existentes. Y el
constitucionalismo social, sirvió para consolidarlo. Solo los ignorantes y los
cínicos, lo desvirtúan. Los que profundizan esas herramientas del derecho y la
política, se ven obligados a recorrer el intrincado camino de las
contradicciones entre el liberalismo económico y el socialismo, buscando con arduo
trabajo las evasivas herramientas propias de las ciencias sociales y la
filosofía política. Trabajo en fin, que bien merece que se quiebre una lanza en
su defensa. Eso puede ser labor del abogado.
Ver mediante el ícono “Números Anteriores” (a la izquierda
de esta portada), de la doctora Adriana E. Séneca: “Accidentabilidad Laboral:
Período: enero – marzo 2019.” Revista La Defensa Octubre del 2019. “Ley de
Riesgos del Trabajo. Dinámica del sistema de riesgos del trabajo.
Siniestralidad laboral período: enero.septiembre del 2019.”