Revista La Defensa, del IDEL-FACA. Octubre del 2021.
Editorial.
La salud pública y el proyecto constitucional
Por Ricardo J. Cornaglia *
La crisis sanitaria y socioeconómica por la que transita el pueblo argentino, motiva para hacer consideraciones jurídicas, relativas a la relación complementaria que corresponde al modelo constitucional vigente, en materia de seguridad social, puesto que de ella depende muchos de los resortes activos de protección contra el riesgo de padecer una enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad, pero en especial, las ocasionadas por el trabajo.
El modelo constitucionalmente se encuentra desvirtuado por políticas económicas y el rol asumido por la legislación y la aplicación administrativa y judicial que lo operativizan.
En consecuencia, el riesgo por enfermedad, cuando no lleva a la muerte y la vejez, que lo acentúa, incapacita y arrastra a la miseria, creando condiciones indignas de existencia.
El pacto social que une al pueblo argentino, se consolidó en el año 1957, con la reforma del vigente artículo 14 bis, que implicó el reconocimiento de derechos sociales y humanos fundamentales. Esa reforma convalidó la derogación de facto de la Constitución de 1949 y el restablecimiento de la Constitución de 1853. A su vez, el texto reformado fue ratificado en la reforma del año 1994, que por otra parte, avanzó en materia en la afirmación de esos derechos fundamentales, con la adhesión constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Sociales.
En cuanto al tratamiento del riesgo que lleva al desamparo, en el artículo 14 bis se dispone:
"El estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles;...".
El acatamiento parcial a esa norma que consagra derechos irrenunciables y de orden público, obliga a revisar el rol y la gestión de los sistemas de cobertura del riesgo social. Esto en especial alcanza al funcionamiento de las obras sociales y las aseguradoras de riesgos del trabajo y las empresas de medicina privada en las que ellas delegan las prestaciones de salud y al hospital público que tiene que terminar atendiendo a los enfermos, que no son tratados por las anteriores instituciones.
El país invierte mucho de sus recursos públicos en materia de salud, pero los resultados conseguidos son lamentables. Si la igualdad es la vara con la que se debe medir la virtud de la gestión en la cura de la enfermedad, el tratamiento diferenciado que reciben los distintos estamentos sociales demuestra que la condición económica diferencia inicuamente.
La carencia en los hospitales de lo más elemental y el contraste con los sanatorios con su hotelería a medida del poder adquisitivo, afreta a quienes conservan valores democráticos afirmados en la justicia social. Lo privado en la sanidad se apoya y subsidia en lo público. Pueden existir las grandes y publicitadas empresas de prepago en la medida en que el conjunto subvenciona a los menos y arroja a la intemperie y el desamparo a los más.
Al sistema de salud accede en forma muy distinta el ciudadano de a pie, que las clases altas en decadencia, que el funcionariado y una burocracia gremial y pol{itica en auge.
En la medida en que la sanidad, deja de ser un servicio público eficiente e igualitario, se corrompe a partir del negocio afirmado en el principio de maximización de los beneficios y se separa de las reglas del saber médico, para justificar facturaciones y una red de delegación de funciones en la que la tercerización del negocio se expresa en servicios de salud precarios y se agrava en la industria de los medicamentos y en la desvinculación de los hospitales con las facultades de medicina.
Un modelo de deber ser garantista a nivel constitucional, se da de bruces con una realidad, cada vez más ineficiente. Y de ello no salen indemnes ni siquiera los privilegiados, por cuanto los sanatorios privados con la excelencia de su hotelería, en su estructura funcional responden para curar, pero más para facturar servicios con el riesgo de la mala praxis implícito. Y esto termina por corromper el arte sanitario. A tal punto, que se creó una red privatizada que funciona viciosamente y hace desperdigar los recursos, manteniendo una burocracia parasitaria, que es en gran medida responsable del deficiente tratamiento dado a la enfermedad.
Mientras tanto, el hospital público no alcanza a constituirse en red de contención de los dejados de lado por las obras sociales y las aseguradoras de riesgo de trabajo y en consecuencia, la enfermedad mata o incapacita, destruyendo el capital humano. Recurso éste que pudiendo ser activo y fuente de riqueza social, se transforma en carga insoportable para los sanos temporales de hoy, enfermos o envejecidos del mañana. La vejez se anuncia acompañada por la enfermedad.
En la yunta facturación-servicios de salud, no solo salen perjudicados los enfermos. También sufren sus efectos los trabajadores del arte de curar. Los médicos y las enfermeras en particular que deben ajustar su propia existencia a los vicios del sistema. También el saber médico como ciencia que se construye en las universidades y se lleva a la práctica en esa realidad antes descripta, está entrando en una crisis manifiesta. Faltan enfermeros, la mayor parte de los médicos están proletarizados y trabajando en condiciones de explotación y riesgo, con detrimento de la necesaria formación permanente a la que deben someterse para poder acompañar a la actualización necesaria, imprescindible, de conocimientos que la era actual impone con sus continuos cambios científicos y tecnológicos.
Los colegios profesionales y el sindicato de la sanidad, denuncian y lamentan la situación, demostrando debilidad y falta de idoneidad para cumplir con el deber de defender a sus afiliados.
La crisis es profunda y la racionalización de los recursos es necesaria para superarla.
Los cambios deberán ser llevados a cabo a partir de los recursos humanos existentes, por sobre los intereses económicos.
Para trabajar sobre esos recursos humanos es necesario en especial, en que medida las tercerizaciones y la burocratización de las profesiones del arte de curar, contribuyen como causa de dispendio, fallas de la gestión y malas praxis. Los hombres y mujeres del arte de curar, merecen por bien ganados nuestro agradecimiento y los aplausos de la población. Pero la mejor forma de agradecerles es ayudarlos a enfrentar la lamentable gestión tecno-burocrática presente con sus vicios y carencias, sin pasar por alto la complicidad de aquellos que a revuelta sacan ganancia de pescador.
Salvador Maza, Ramón Carrillo y Arturo Oñativia, en sus respectivas horas, denunciaron los vicios del sistema y pagaron con creces el valor que demostraron con persecuciones de oprobio. Operaron todo lo que pudieron para enfrentar las causas atacando los vicios. Los valores que a ellos los impulsaron siguen vigentes, urgiendo. La política sanitaria en crisis, tiene el imperativo de un proyecto constitucional incumplido, un camino a seguir.
• Bibliografía del autor: Blog www.rjcornaglia.com.ar. Solapa Artículos y www.ladefensa.com.ar. Ícono: Números anteriores.