Revista La Defensa del IDEL-FACA, editorial, septiembre del 2022.
Editorial
La aporía del valor de la moneda.
Por Ricardo J. Cornaglia
La crisis argentina pasa por la grieta que desvinculó los valores. Que les restó el
sentido creando antinomias entre ellos. Haciendo de la simpleza, complejidad, por
jugar a la división y para no resultar responsable de la unidad.
Sus efectos se vislumbran en la inflación, que hace de la moneda nacional un sin
sentido valorativo, al que el tiempo, cada vez más raudamente, le resta el
simbolismo y la transforma en una débil farsa.
Llegamos tan tarde los abogados a conseguir de los jueces su cometido, en ese
tema de desvalor, que todavía la Corte no ha declarado como corresponde, la
inconstitucionalidad de las normas que hacen culto al nominalismo y que desde que
se encuentran vigente, agravaron el estado de cosas.
El monetarismo nominalista tiene por condición esencial, que su correcto
funcionamiento necesite de la existencia de una economía estable. Guarda relación
con la política monetaria, que resulta eficiente y meritoria en las épocas en que se
trata de mantener un orden preestablecido al que se supone básicamente justo.
Como símbolo la moneda es el valor de cambio por excelencia. Ella tiene vedado
ser instrumento de especulación. Su función es la medida común para la
equiparación justa de todo cambio.
Por contrapartida, cuando se viven épocas de crisis e inestabilidad, resulta un
principio ineficiente que ahonda la crisis y sus consecuencias sociales. Épocas en
las que la afirmación de ese principio resulta útil a una forma de beneficiar a los
deudores, a partir de la propiedad menoscabada de los acreedores.
Si por estar sujeta a cambios continuos, nuestra moneda, pierde su fin de valor de
cambio, deja de tener razón de ser. Es reemplazada por otro valor de cambio de
referencia. El dólar o las criptomonedas por ejemplo.
Una conducta social de esta naturaleza, (nominalismo a ultranza con moneda de
valor inconstante), es en sí, una aporía insostenible.
Una aporía que se pone de relieve en los innumerables conflictos de derecho e
interés que la justicia se ve obliga a procesar y mal puede resolver, a partir del orden
normativo sancionado para una realidad inexistente: la estabilidad perdida.
Mal puede ser considerado un postulado ineludible para la ciencia económica;
tampoco puede serlo para el derecho, que se supone está inspirado en un orden de
valores diferenciado y propio inspirado en la función de hacer justicia.
La ley 25.561 (B.O. 7 de enero del 2002), en su art. 4º, modificatoria de ley 23.928,
sancionada el 27 de marzo de 1991, mantuvo la prohibición de repotenciar, indexar
o actualizar los créditos.
Lamentablemente, la jurisprudencia de la C.S.J.N. acompañó por largo tiempo ese
proceso, y los planteos de inconstitucionalidad de la normativa inspirada en el
nominalismo a ultranza, no tuvieron acogida. Pese a que la inflación, destruyó el
valor de los créditos de distinta naturaleza, en beneficio de deudores que atiborraron
los tribunales argentinos de causas que terminan en victorias a lo Pirro. Esto es
notorio en las causas donde se valoriza la vida y la capacidad o chance de trabajo.
¿Y cuando la vida o el trabajo no se pueden valorar, qué se puede esperar de los
restantes conflictos?
Por lo pronto terminar con la improvisación.
Prohibida legalmente la actualización de las deudas laborales, la jurisprudencia, que
por muchos años fijó tasas pasivas, agravó los efectos regresivos de la depreciación
y contribuyó a la recesión, colocando a los acreedores de daños padecidos, en la
situación de percibir un interés mucho menor del que éste a su vez debía abonar,
para reemplazar el capital del cual se había privado. Para ello confundió roles
sociales y trató a las víctimas como a si trataran de acreedoras financieras. Para
abonar ese criterio se partía del falso “a priori” de que era una inversionista.
Por un largo período, ante el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad de la
ley 23.928, el único respaldo que encontraron las víctimas de daños dependió del
criterio que asumió la jurisprudencia, en materia de determinación de intereses y el
reconocimiento por cierta jurisprudencia de dar tratamiento de deudas de valor a las
reclamaciones por daños.
Los criterios adoptados en esta materia resultaron insuficientes para compensar el
proceso de degradación del haber crediticio y ello sucedió cuando también se
degradaba paulatinamente el salario.
Fue una improvisación de cortas miras.
Se operó de esta forma un traspaso de recursos en los casos de créditos
alimentarios, que abrió el camino hacia la pobreza. Es una de las causas de ésta.
Si por un determinado período la hiperinflación se contuvo, lo cierto es que los
índices inflacionarios volvieron a la carga y desde hace más de cuarenta años,
subsistieron en una relación que llevó a que los tribunales argentinos fueran el
terreno fértil para no honrar las deudas internas.
Si por respeto reverencial a la política económica del ultrancismo nominalista, el
criterio de la Corte fue guiado por el lavarse las manos como Pilatos, considerando
que las leyes que lo consagraron no violaron derechos fundamentales y el
Congreso, que se cree progresista, mantiene tan férreo e irracionable orden de
especulación y empobrecimiento, es hora de esperar que unos y otro cumplan con
los deberes que la Constitución les impone y desaten ese nudo. Cada uno en lo
suyo y sin escapar el cuerpo a la jeringa.
Del ejecutivo, (que en distintas versiones cabalga sobre el monetarismo desde
1991) ni queremos opinar, hasta que se decida a romper con su pasado. Porque a
tenor de sus antecedentes, de ejercitar con iniciativas legislativas, tendría que
reconocer los propios errores y en el ejercicio de poderes reglamentarios y como
gran administrador y gran empleador, da ejemplos de continuo, que agravan la
cuestión en lugar de sanearla.
Lo que nos resta hacer a la abogacía, es no cejar en nuestros empeños, hasta que
a los poderes del Estado Republicano la realidad los apabulle y afronten los deberes
más primarios que eluden.
Nota:
(1) Trigo Represas en su artículo "Deuda de dinero y deudas de valor. Significado actual de la distinción" (Revista de Derecho Privado y Comunitario; 2001-2, p.30/31), sostuvo: "...cuando se torna muy pronunciada la distorsión entre el valor escrito y el real poder adquisitivo de la moneda, el Derecho habrá de reaccionar ante la injusticia implicada en el hecho de que el acreedor sólo pueda exigir dinero en idéntica cuantía nominal, pero considerablemente menguado en su valor de cambio."