78.- El control de constitucionalidad de la ley sobre riesgos del trabajo 24.557 - RJCornaglia

I.- INTRODUCCIÓN.

La segunda regla de Ulpiano, ("alterum nom laedere"), constituye el fundamento básico de los llamados derechos humanos.

Cuando el hombre descubre al otro y reconoce su existencia tan digna de respeto como la propia, se autolimita a un convivir de poderes relativos.

En esa regla en definitiva se funda la existencia del estado de derecho, al que el constitucionalismo expresa. Y del cual en la era actual, los derechos humanos son el desesperado grito de una humanidad doliente, en la que los testimonios de los autoritarismos han demostrado que el hombre a mérito del poder sin límites, se transforma en devorador de los hombres.

Si se reconoce en el hombre la limitación de su hacer (poder), para no dañar, con más razón corresponde a los poderes públicos el respeto al pacto básico social. Y lo mismo sucede con los poderes privados. Entre ellos, el poder apropiarse legitimadamente de la función creadora de los hombres, (que se constituye en la base económica de la empresa empleadora), también quede sujeto a los límites que impone el "naeminem laedere".

La vinculación de los derechos sociales con los derechos humanos, ha sido realzada con vigor en la doctrina argentina por Enrique Fernández Giannotti, Roberto García Martínez, Rodolfo Capón Filas o Juan Carlos Fernández Madrid, entre otros.

Por nuestro parte queremos resaltar que los derechos sociales expresan en su ámbito, la limitación del poder empleador (y de la autoridad pública), por el principio de indemnidad del trabajador.

Que a su mérito se construyó la doctrina del riesgo y luego se produjo la avalancha de la legislación laboral con su grado de intervencionismo estatal, destinado a poner límites al poder de dañar de los empleadores.

De ello nació el constitucionalismo social y en el mismo, los derechos humanos son la expresión más alta del "alterum non laedere".

II.- LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES PRIMORDIALES ALCANZADOS POR LA LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO.

Thomas Payne distinguía los derechos, entre personales y sociales. A los derechos naturales o personales los definía como aquellos "que pueden ser ejercidos plenamente por el individuo sin la ayuda exterior", como los "derechos de pensar, hablar, formar y exponer opiniones"..., en otras palabras, los derechos a la competencia personal".

A los derechos civiles y sociales o "derechos de convenio", los definía como aquellos que los hombres no pueden ejercer plena y completamente como individuos sino sólo bajo la garantía de la sociedad, como el derecho de adquirir y poseer la propiedad, "en el ejercicio del cual el poder individual y natural es inferior al derecho natural".

En todo ello, hay una evolución que implicaba la superación dialéctica del pensamiento de Locke y Rousseau, en la materia.

Payne fue asumido plenamente por Thomas Jefferson, autor de la "Declaración de la Independencia", para quien resultaba más importante la búsqueda de la felicidad, que el derecho de propiedad, y quien reconocía en éste un derecho legal y no uno natural.

Este fue el cuño de las fórmulas e iniciativas parlamentarias de Jefferson y de sus actos de gobierno, como gobernador de Virginia y presidente de los Estados Unidos y la base ideológica de su lucha contra la esclavitud y el régimen de propiedad feudal de su época, afirmado en la primogenitura y el mayorazgo. Su igualitarismo democrático, fue la base de un liberalismo revolucionario, que batalló duramente con el pensamiento y los intereses de la restauración conservadora de su tiempo.

Si se relaciona esta forma de pensar y ver a los derechos, de los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, que tanto influyó en la nuestra y en el constitucionalismo en general y la conceptualización del derecho como conducta humana que entraña relaciones de poder entre los hombres, se puede dar otro paso trascendente.

Las relaciones crediticias entre los hombres siempre están referidas a conductas, pero algunas de ellas, requieren de acuerdos entre partes y otras, simplemente a un acuerdo general, básico en la sociedad civilizada, que parte del respeto de la persona en sí, del ser humano como unidad fundante de la sociedad.

En definitiva el bien público, no tiene valor más alto que la protección de la vida, salud y honra de los hombres. Lo que hace que otros derechos y otras protecciones deban ceder ante la importancia primordial de esos derechos humanos.

De esa persona, en su integridad material y espiritual, se desprenden derechos primarios, no derivados de acuerdos individualizados en las relaciones contractuales con otros. De indemnidad del ser humano. Indemnidad que de quedar afectada, cuando se procura repararla no puede merecer comparación igualitaria con otros derechos creditorios que corresponden a las propiedades no humanas del hombre.

Unos derechos hacen a un acuerdo básico y primordial de la sociedad, y otros son consecuentes de la integridad patrimonial, en los poderes de hacer legitimados que refieren a relaciones de un pacto social secundario, a partir de las relaciones económicas asumidas en un lugar y un tiempo determinado.

El acuerdo estructurante de la sociedad moderna, basada en el estado de derecho, se apoya en el respeto absoluto a la indemnidad de los derechos humanos, como patrimonio indisponible de los hombres.

Existen otros acuerdos o convenios de los cuales derivan derechos secundarios, que se gradúan según su importancia a partir de la disponibilidad de los mismos.

Pero relacionar en importancia y transformar en igualitarios los derechos resarcitorios o de ejecución, que refieren a la persona humana en sí, como unidad psicofísica fundante, con los que derivan de las conductas convenidas para afirmar un orden económico, no resiste la prueba de la eticidad mínima, a la que el derecho no escapa.

Por lo tanto, las relaciones patrimoniales que se derivan de los dos órdenes de derechos son distintas y no asimilables. Pueden derivar en derechos creditorios, pero no de la misma entidad o equivalentes. Y es así como un acreedor, no tiene derecho a dañar a la persona de su deudor y compensar su daño con su crédito. Si se lo legitimara al respecto, se estaría asegurando la impunidad de los ricos. En cambio, en las relaciones económicas acordadas y contractuales simples, ambas derivadas de derechos de hacer equivalentes, a partir de relaciones económicas afirmadas en el lucro, la compensación, llega a ser posible. No justificable éticamente como poder de dañar, se admite como poder conductual legítimo.

Hacer confrontar a los derechos debitorios patrimoniales de los dañantes, con lo creditorios y reparatorios de la víctimas, como si se trataran de iguales categorías de propiedad, resulta por lo tanto una desviación lógica, por equiparar valores y bienes que jurídicamente no son equiparables. Aunque se puedan traducir a valores numerales, volcables a asientos contables y balances.

Esto es válido con referencia a todo el derecho de daños y en particular al derecho de daños laborales, que lleva la impronta de la protección de las víctimas a partir del reconocimiento implícito de su estado de dependencia.

Pero con referencia a la nueva legislación sobre riesgos del trabajo (L.R.T.), la cuestión reviste una trascendencia institucional mayor, ya que agravia la misma, la naturaleza misma del "alterum non laedere" como instrumento de protección a la salud y vida. Constituyen estos, derechos básicos y primarios del convivir social, censurados o retaceados por privilegiar el interés de los dañantes, con el único objeto de crear un sistema de externalización de costos empresarios.

III.- LA REFORMA CONSTITUCIONAL.- LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS CARTAS INTERNACIONALES.

En la Argentina, desde los albores de la independencia, el tema de la libertad existencial en sociedad, preocupó al legislador constitucional, en relación directa con el derecho de daños.

El Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica para las Provincias Unidas, receptaba un artículo 7o., (que es antecedente de nuestro vigente art. 19 de la Constitución Nacional), cuyo texto era de una admirable precisión y claridad: "La libertad es la facultad de obrar cada uno a su arbitrio sin violar las leyes ni dañar los derechos de otro ni al cuerpo social."

Por su parte, el texto actual vigente, con la variante de reemplazar los conceptos "orden y moral pública", por la mención del "orden público", se encuentran en: El Estatuto Provisional de 1815, Sección VII, Capítulo 1, artículo 1. Estatuto Provisional de 1816; Reglamento Provisorio de 1817. Constitución de 1819, en el artículo 122. Constitución de 1826, artículo 126.

Estos eran los antecedentes que en 1853, provocaron se incorporara como segunda parte del art. 19, el precepto "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

La llamada norma de clausura, vincula al principio de legalidad, base de los estados de derecho, con el "alterum non laedere" fundamento del derecho a la reparación por el daño causado.

Su texto perdió la claridad diáfana del antecedente elaborado por la Sociedad Patriótica, pero conceptualmente colocó al constitucionalismo argentino adelante del francés y del estadounidense, dos de sus grandes fuentes, que no pueden exhibir normas similares.

Si en doctrina era válido sostener que el deber de no dañar se desprendía del art. 19 de la Constitución Nacional, dándole una interpretación histórica y sistemática, hoy, con la reforma de 1994 de la carta fundamental, nuevas vertientes se consagran para reconocer al deber de no dañar, con rango supra legal. Son las que están vinculadas con los derechos humanos, que expresan en definitiva el pensamiento de Ulpiano, en la hora actual.

La protección que otorgan al hombre, las Cartas Internacionales sobre derechos humanos, reconocidas en el parágrafo 2, del artículo 75, inciso 22, que "tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos garantías por ellos reconocidos", son base actualizada de un derecho de daños que proteja al hombre en su existencia social.

Que lo resguardan al hombre en la integridad de su persona, (física, psíquica y moral). E incluso en su existencia social sin daño por exclusión del medio en que se existe, que de ello se tratan todas las conductas discriminatorias.

Entre esos Pactos, el de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, (1978), dedica particular atención a los derechos humanos sosteniendo que "toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad", (art. 11). Y "los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social", (art. 1. 1).

La ley 23.054, ratificó el 1o.de marzo de 1984, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. El capítulo II, art. 4, define así al "derecho a la vida": "1) Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". En el art. 5, del capítulo II, establece: "Derecho a la integridad personal: 1) Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral". Con referencia a la propiedad privada, el art. 21 sostiene: "1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley".

En su art. 26 sostiene: "Desarrollo progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia, cultura, contenidas en la Carta de Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados".

Si el deber de seguridad por riesgos laborales, derivado del principio de indemnidad, siempre perteneció al conjunto del orden jurídico argentino, ahora, con la sanción de esta norma, también encuentra basamento expreso en el derecho positivo, con rango supra legal, por la regulación que ella hace de los bienes jurídicos protegidos.

El pacto entró en vigor el 18/7/78. Había sido suscripto el 22/11/69.

Pero además, complementando al Pacto de San José de Costa Rica, no puede dejarse de tener en cuenta la siguientes normativas de índole internacional:

El programa internacional para mejorar las condiciones y medio ambiente del trabajo (PIACT), requiere la participación de los interesados.

El Convenio 148 de la O.I.T, que regula sobre el medio ambiente de trabajo.

El Convenio 155 de la O.I.T., que regula sobre seguridad y salud de los trabajadores.

El Convenio 161 de la O.I.T, sobre servicios de salud en el trabajo.

Convenio 12. Indemnización por accidentes de trabajo (agricultura). Ratificado por Argentina.

Convenio 17. Indemnización por accidente de trabajo. Ratificado por Argentina.

Convenio 18. Enfermedades profesionales. Ratificado por Argentina.

Convenio 19. Igualdad de trato (accidentes de trabajo). Ratificado por Argentina.

Convenio 42. Indemnización por enfermedades profesionales. Ratificado por Argentina.

Convenio 139. Prevención y control de riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancerígenos. Ratificado por Argentina.

Convenio 159. Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Ratificado por Argentina.

Todos estos tratados, a mérito del principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, habilitan plenamente a la desactivación del la ley 24.557 como cuerpo normativo, ya que constituye un sistema integrado, cuyo fin y objeto agravian a los pactos que suscribimos, ratificamos y por imperio del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, "tienen jerarquía superior a las leyes".

Por otra parte, como bien lo resalta calificada doctrina, esta disposición de la reforma constitucional, vino a ratificar el criterio jurisprudencial anterior de la C.S.J.N. volcado en los casos "Edmekdjian c. Sofovich" y "Fibraza".

El primero de esos casos, resuelto en 1992 por la Corte, estableció que la Convención de Viena impone asignar primacía al tratado, que entra en conflicto con una norma de derecho interno que lo contradice.

En el segundo caso, la Corte, el 7 de julio de 1993, reiteró el criterio, con la aclaración, de que en la norma del tratado, deben aparecer asegurados los principios del derecho público constitucional.

Circunstancia que viene a vigorizar la operatividad de los derechos que se desprenden del "alterum non laedere", que cuando atañe a la protección de la vida y la salud de las personas, pasan a alcanzar las notas propias de la protección de orden público.

Y como lo reconoce la S.C.B.A.: "Tratándose de preservar el orden público el juez no sólo puede sino que debe hacer prevalecer la Constitución nacional, por lo que siendo incompatible la ley a aplicar con aquélla, el juzgador debe otorgar prioridad al derecho fundamental en razón de la supremacía constitucional vigente en nuestro sistema jurídico."

IV.- LA LEY 24.557 Y EL "ALTERUM NON LAEDERE" Y LA DISCRIMINACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

La Ley 24.557, hizo objeto a los trabajadores de un trato discriminatorio, que los coloca a merced del poder legitimado de los empleadores para poder dañarlos, en condiciones que los restantes habitantes del país no deben soportar.

El "alterum non laedere" no los alcanza por su posición económica, origen y condición social.

Y ello no obsta a que los trabajadores puedan acceder a sistemas de seguridad social que los protejan del infortunio laboral.

Con comprensión de esto la Constitución del Brasil expresamente establece que el seguro no excluye la responsabilidad especial del empleador en caso de dolo o culpa (7: XXVIII).

En el sistema de la Ley 24.557, el dañado por ser trabajador dependiente, contra su empleador, solo puede reclamar la reparación en el caso de que el daño provenga de acciones propias del art. 1072 de Código Civil.

Imaginemos la norma contraria: "El trabajador no puede reclamar los daños sufridos por conducta de su empleador cuando éste ha actuado con la expresa intención de dañarlo".

¿Existe en la historia de la civilización alguna disposición similar? Parece ridículo pensarlo.

Pero en realidad la ley 24.557, no se distancia mucho de ello. Puesto que sus normas, si fueran interpretadas solo a partir de su texto, prescribirían:

"El trabajador no puede reclamar los daños sufridos por conducta del empleador culposa o negligente".

"El trabajador no puede reclamar los daños por conducta del empleador lícita, fundada en actividad económica que lo beneficia.

"El trabajador no puede reclamar los daños que le produzcan los dependientes de su empleador en ocasión del trabajo".

"El trabajador no puede reclamar los daños que le produzca el empleador con cosas riesgosas o viciosas de su propiedad y guarda".

"El trabajador no puede reclamar los daños que sufra cuando actúa como mandatario de su empleador en ocasión de su actividad laboral".

"El trabajador transportado a título gratuito o benévolo por su empleador, no puede reclamar los daños que sufra durante el transporte".

Finalmente: "El principio de indemnidad de los trabajadores con respecto a sus empleadores, solo se da cuando se puede probar que en la conducta del dañante existió la expresa intención de dañar a la víctima".

La ley por lo tanto a mérito de la discriminación practicada, procede a burlar el derecho de propiedad de las víctimas, para beneficiar a los empleadores en su condición de dañantes. Les impide acceder a la reparación por los bienes dañandos (debiendo entenderse por tal también la vida y la salud que son para muchos de los trabajadores los únicos importantes que poseen), reclamando la misma de los dañantes.

La ley suple la reparación a intentar, con el pago de prestaciones propias de falsas formas de la seguridad social, que no cubren todas las hipótesis de daños causados posibles y además son de tan notoria insuficiencia, en cuanto a montos previstos, que no tienen ninguna relación con el fin reparatorio burlado.

V.- LA REACCIÓN DE LA DOCTRINA.

Ante la imposición de un sistema que veda el acceso a la justicia en la casi totalidad de los casos de daños ocasionados por infortunios del trabajo, la doctrina nacional en muy corto tiempo reaccionó ante este verdadero escándalo jurídico, denunciando que en la implementación del derecho interno (común y laboral), el legislador operó en un verdadero estado de esquizofrenia.

En la Constitución Nacional y al ratificar Tratados Internacionales, el legislador con competencia supra-legal, actuó con sentido progresista. Pero el poder legislativo, a partir de iniciativas provenientes del poder ejecutivo, en la instrumentación operativa de las políticas económicas de la revolución conservadora, asumió posiciones regresivas y reaccionarias, enfrentando a la normativa superior.

VI.- LAS "XVas. JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL".

Esa toma de posición de la doctrina se evidenció en la "XVas. Jornadas Nacionales de Derecho Civil", celebradas durante los días 26 a 28 de octubre de 1995, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en las que por unanimidad se arribó a la siguiente conclusión:

"23. Es discriminatorio el art. 39 de la ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) en cuanto priva a las víctimas de infortunios laborales de acceder a la tutela civil para la reparación que gozan todos los habitantes, conforme al derecho común".

VII.- LAS "VIas. JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO"

Poco tiempo después, las "6as. Jornadas de Responsabilidad Sobre Riegos del Trabajo", celebradas los días 8 y 9 de diciembre de 1995,en Mar del Plata, convocadas por la Fundación de Altos Estudios Sociales, hizo suyas las conclusiones de las Jornadas anteriormente detalladas y sostuvo además:

"La inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557 en cuanto en violación de los artículos 14 bis, 16 y 18 de la Constitución Nacional y de Declaraciones y pactos Internacionales, excluye o limita la reparación por riesgos del trabajo, discrimina al trabajador del resto de los ciudadanos y el impide el acceso a la jurisdicción".

Es nuestra opinión que la inconstitucionalidad alcanza alcanza también a toda la estructura del falso sistema de seguros obligatorios impuestos por la Ley de Riesgos del Trabajo. Ya que el mismo, a partir de su objetivo de externalizar los costos de la empresa, en la forma en que fuera instrumentado, conculca el principio de indemnidad y el "alterum non laedere", que tiene rango constitucional y se desprende del art. 19 de la Constitución Nacional.

VIII.- EL "IVo. CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE DAÑOS."

El IV Congreso Internacional de Derecho de Daños, celebrado en el año 1995, en su Comisión 6, "Políticas Económicas y decisiones judiciales", que contara como disertante presentador a Jorge Mosset Iturraspe y como presidente a Julio Cueto Rúa, arribó a las siguientes conclusiones:

"1. La reparación integral del daño constituye el principio rector en la moderna responsabilidad por daños.

"Todo método, tope, tarifa o fórmula que no asegure esta reparación integral y la tutela de los derechos fundamentales de las víctimas, adolece del vicio de inconstitucionalidad, por apartamiento de la realidad económica en los términos propuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 307:933 y concordantes)."

Aunque el eje central de la decisión estaba orientado a la consideración de las disparidades en la decisiones jurisprudenciales, sus sólidos argumentos son válidos para precisar también los límites de la constitucionalidad de las legislaciones que se apartan del respeto al principio de indemnidad y su correlato: la íntegra reparación del daño. Ya que la violación de los derechos patrimoniales de las víctimas, a mérito de decisiones judiciales que resulten insuficientes en cuanto al respeto de ese principio, es en sus efectos de igual sentido cuando el juez equivoca la valoración del daño, por su propia arbitrariedad, que cuando su equivocación es inducida por el acatamiento a tarifas o mecanismos indemnizatorios creados por ley, pero que también se apartan de la realidad económica.

Para medir la legitimidad de la estimación de la reparación del daño, las tarifas solo viene a garantizar pisos reparativos que no pueden encontrarse reñidos con las estimaciones que determina la normativa del código civil. Estadios protectorios para las víctimas, que de ser violados, estarían creando un mecanismo de subsidiación para los dañantes.

Ese mismo Congreso Internacional, también llegó a la siguiente Conclusión:

"4. La determinación de las indemnizaciones deberá efectuarse con sujeción a lo establecido por los artículos 520, 521, 522, 901/906, 1068, 1.078, 1.084, 1.085 y 1.086 del Código Civil, debiendo adecuarse la misma, en cada caso concreto, a las circunstancias particulares de cada caso concreto, señaladas precedentemente."

IX.- LAS "JORNADAS DE ANÁLISIS Y DEBATE SOBRE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO" CONVOCADAS POR LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS.

En las "Jornadas de Análisis y Debate sobre Accidentes y Enfermedades del Trabajo", organizadas por la Asociación de Abogados Laboralistas y llevadas a Cabo en Centro Cultural Gral. San Martín, Buenos Aires, los días 29 y 30 de marzo de 1996, con una concurrencia superior a los 600 abogados acreditados, se ratificó la posición de denuncia por inconstitucionalidad del régimen creado por la LRT.. También se sostuvo el rechazo del mismo y la suspensión de la entrada en vigencia del sistema.

Se destacó en la oportunidad la ponencia oficial del doctor Isidoro H. Goldenberg, de la cual transcribimos sus conclusiones:

I.- Como lo declara la Comisión No. 9, "El derecho frente a la discriminación", de las XVa. Jornadas Nacionales de Derecho Civil (26, 27, 28 de octubre de 1995): "Es discriminatorio el art. 39 de la ley 24.557 (L.R.T.) en cuanto priva a las víctimas de infortunios laborales de acceder a la tutela civil para la reparación que gozan todos los habitantes, conforme al derecho común". (Conclusión Nº 23).

II.- La Ley sobre Riesgos del Trabajo contradice abiertamente el enunciado de "promover el bienestar general" contenido en el Preámbulo de la Constitución Nacional y vulnera sus artículos 14 bis, 17, 18, 43, 75 inc. 22 y 23 y 121.

III.- Resultan especialmente lesivas las disposiciones de los arts. 4 inc. 3; 6 inc. 2 in fine y 39, normativa que quebranta el valor solidaridad social e importa un agravio a la dignidad del trabajador.

IV.- Se vacía en general de contenido al art. 75 L.C.T. progresivamente mutilado desde la sanción de la ley 20.744, eliminándose de este modo la operatividad de la acción autónoma de reparación basada en dicho precepto.

V.- Los objetivos proclamados en la L.R.T.: prevención, reparación y rehabilitación (art. 1o.) se tornan evanescentes a través del articulado de la ley.

VI.- Se afectan en consecuencia los pilares básicos que sustentan la disciplina laboral: el principio protectorio, el garantismo legal, el principio de indemnidad y el acceso a la jurisdicción.

VII.- Los verdaderos beneficiarios de esta ley son los titulares financieros de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), entidades de derecho privado (art. 26) que recaudarán anualmente una suma millonaria en su calidad de agentes del seguro privado obligatorio, teniendo en cuenta que actualmente cotizan por el régimen de la seguridad social más de tres millones y medio de trabajadores.

VIII.- Las consecuencias dañosas que sufre el operario a raíz de la infracción a la obligación de seguridad puede ser atribuidas al empleador a título de dolo eventual pues se reúnen sus notas configurativas: a) indiferencia del incumplidor respecto a los efectos perniciosos de su falta de cuidado y diligencia; b) previsibilidad del resultado; c) antijuridicidad de la omisión.

IX.- No existe ahora impedimento legal que impida el cúmulo de las pretensiones de la L.R.T. y de las originadas en el Código Civil.

X.- Queda siempre a salvo la acción por cumplimiento de las normas que regulan la higiene y seguridad del trabajo como así la aplicación de lo dispuesto en los arts. 510 y 1.201 del Código Civil.-

X. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL PRINCIPIO "ALTERUM NON LAEDERE".

En materia de infortunios laborales la C.S.J.N., elaboró una firme doctrina que vinculó el derecho a la reparación por los mismos, con la teoría general de la responsabilidad, a partir de principios estructurados desde la normativa receptada por Dalmacio Velez Sarsfield en el Código Civil.

El paso más trascendente que al respecto hemos detectado, fue fundar la reparación del accidente de trabajo, con independencia de la existencia de una conducta ilícita (delictual o cuasidelictual) en el responsable.

Ello se revela en el caso "Monroel de Lara de Hurtado" ,al que le daños una importancia destacada, por cuanto recogía en 1916, para un caso anterior a la vigencia de la Ley de Accidentes de Trabajo 9688, las posiciones más avanzadas del contractualismo. Posiciones levantadas con vigor y fuerza en la primer obra sistemática de la doctrina laboral nacional, por Juan Bialet Massé, publicada en 1904.

A partir de la vigencia de la Ley 24.557 L.R.T., la C.S.J.N. se verá obligada a fijar posición en torno a si sus disposiciones deberán ser interpretadas como una reforma al régimen de responsabilidad legal general, que impide a los trabajadores y sus derecho- habientes, a reclamar indemnizaciones reparativas en materia de hechos que con anterioridad nadie dejó de considerar nunca en el derecho argentino, que obligaban a los dañantes a reparar a las víctimas.

Supongamos por ejemplo el caso de los delitos de derecho criminal, en los que no se registre el dolo previsto en el art. 1072 del Código Civil.

En estos casos, los infortunios laborales pueden afectar intereses legítimos de trabajadores y sus derechohabientes, a los que el derecho de daños laborales procura dar amparo.

En este sentido, el derecho de daños laborales, es la instrumentación por el derecho positivo, la doctrina y la jurisprudencia, del principio de indemnidad en el mundo del trabajo.

La extensión de la protección a las víctimas en la afectación de sus legítimos intereses, ha sido reconocida ampliamente por la C.S.J.N., que sostiene:

"Es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el daño causado y tal noción comprende todo perjuicio de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o sus facultades (arts. 1068 y 1109 del Código Civil)".

La vinculación conceptual entre el interés y la propiedad, ha sido destacada por la jurisprudencia constitucional y la doctrina. Cuando se intenta conceptualizar sobre los derechos patrimoniales ello resulta ostensible. Así Germán Bidart Campos sostiene:

"El concepto genérico de propiedad constitucional, que engloba todas las formas posibles, ha sido acuñado por la jurisprudencia de la Corte al señalar que el término "propiedad" empleado en la constitución comprende todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad, con lo que todos los bienes susceptibles de valor económico o apreciables en dinero alcanzan el nivel de derechos patrimoniales rotulados unitariamente como derecho constitucional de propiedad. Ya nos damos cuenta, debido a esa amplitud, que además de los derechos reales civilistas, son también propiedad los derechos crediticios e intelectuales".

Y si bien la Corte considera que el derecho de propiedad no alcanza a la vida y la persona, en su doctrina del caso "Bourdie" , también admite que la propiedad constitucional comprende todos los derechos patrimoniales de una persona, -es decir, todo lo que es susceptible de valor económico. Y ello lleva también al respeto de la propiedad de lo créditos reparatorios de la vida y la integridad de las personas perjudicados por conductas violatorias del deber de no dañar.

Con lo que "La vida no tiene valor "per se", pero sí puede tenerlo en consideración a lo que produce o puede producir; de suerte que es menester apreciar estas circunstancias a los fines indemnizatorios que se persigan".

Y en cuanto a la integridad de las personas: "Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas en forma permanente esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de que se desempeñe actualmente una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable".  

Esto conlleva a que el Superior Tribunal tenga ahora que revisar en qué medida, una ley que decidió externalizar los costos laborales de las empresas, podrá aplicarse en detrimento de esos derechos que antes de su vigencia les eran reconocidos a los trabajadores argentinos. En qué forma un régimen legal que pretende ser de naturaleza propia de la seguridad social, puede venir a derogar o retacear las reparaciones de los daños producidos, que en identidad de presupuestos, se le siguen reconociendo a los restantes habitantes de la Nación.

Con lo que ello implica, de violación de los derechos de igualdad, que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional y de no discriminación por causas sociales o económicas, que receptan Tratados Internacionales con jerarquía supralegal.

Para todos estos casos, el nuevo régimen legal pretende crear una causa de eximición de responsabilidad, por integrar el dañante una categoría superior de ciudadanos. La de los empleadores.

Las conductas comprendidas por esas formas de responsabilidad, obligan por hechos similares a cualquier individuo que no sea un empleador.

Sin embargo, los empleadores siguen siendo responsables por ese tipo de conducta, con referencia a cualquier otro habitante del país, que no revista del estigma legal de ser su trabajador dependiente, a la fecha de consolidación del daño.

La legislación argentina en materia de la teoría general de la responsabilidad, es heredera de las virtudes y defectos del derecho romano, desde la asimilación que del mismo hizo la codificación napoleónica. A ella se le sumó las reformas propias de la doctrina del riesgo y el objetivismo.

Aunque las raíces del sistema son anteriores al constitucionalismo, producido éste, la teoría general de la responsabilidad encontró nuevas razones de ser y vigorización en los estados de derecho.

El derecho de daños alcanzó jerarquía constitucional. Solo los estados y sociedades autoritarios, son indiferentes a los derechos e intereses de los dañados.

La jurisprudencia francesa, a partir de la interpretación del artículo 1382 de su Código Civil, (que tiene su correlato argentino en el artículo 1109 según lo admite Velez Sarsfield en la nota respectiva), reconoció el carácter fundante y constitucional del deber de no dañar y el correlato de la reparación del daño producido. Una sentencia del Consejo Constitucional de Francia, del 22 de octubre de 1982, sostuvo: "Tiene carácter constitucional el artículo 1382 del Código Civil, porque no teniendo nadie el derecho de dañar a otro, el que lo hace tiene la obligación de reparar."

En un trabajo anterior citábamos este antecedente y reclamábamos de la C.S.J.N., que adoptara una doctrina similar. Lo hicimos sin conocer que nuestro reclamo era injusto por tardío.

En nuestro país, siempre estuvo abierta la vía interpretativa adoptada por el tribunal superior francés, pero además, el derecho constitucional argentino, cuenta con una norma especial, que tiene su origen en varios proyectos previos, entre los que se encuentra el art. 7o. del Proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica para las Provincias Unidas, que ya citaramos más arriba.

Con la sanción de la Constitución en 1853, el texto del art. 19 fue el siguiente:

"Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe."

La segunda parte del texto, si bien no tiene la claridad y precisión del texto antecedente, reafirma el derecho a no ser privado de los bienes a mérito de daño causado por otro. Nos relaciona necesaria y naturalmente con la segunda regla de Ulpiano.

Y se conecta sistémicamente con la previsión del art. 17 de la C.N., que establece que "la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación, puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley."

Es a mérito de todo ello, que la C.S.J.N., expresamente ha reconocido que el derecho de daños tiene jerarquía constitucional. Sostuvo: "la sentencia apelada lesiona el principio del "alterum non laedere" que tiene raíz constitucional (art. 19 de Ley Fundamental)".

Y también: "los artículos 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagran el principio general establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los "hombres" perjudicar los derechos de un tercero. El principio "alterum non laedere", entrañablemente vinculado a la idea de la reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica."

Este último caso es de particular importancia para contar con un antecedente que revela la fragilidad del fundamento jurídico del sistema creado para cubrir los riesgos del trabajo en la LRT 24.557. Fragilidad signada por el debate sobre su constitucionalidad.

En un acto de servicio, el actor, un conscripto reincorporado por el conflicto de Malvinas, sufrió un infortunio que devino en una incapacidad del cien por ciento de la total obrera. A mérito de la Ley 19.101, se le otorgó a la víctima un haber vitalicio equiparable a los retiros militares -grado de cabo.- El actor reclamó además la reparación integral del daño sufrido. La Corte en la ocasión con acierto, distinguió conceptualmente la seguridad social del derecho de daños y su correlato de la reparación. Y puso de relieve que un instituto de naturaleza previsional, no puede ser vinculado con la violación del derecho subjetivo a no ser dañado y en caso de serlo, con la obligación de reparar el daño sufrido en el patrimonio de la víctima.

La sentencia de segunda instancia de la Cámara Civil y Comercial Federal de Capital Federal, Sala IIa., había adjudicado a las remuneraciones mensuales que debía percibir el actor a mérito de la Ley 19.101, un carácter resarcitorio y por tal razón, había rechazado parcialmente la acción por reparación de resarcimiento material por el daño. (La Cámara circunscribía el progreso de la acción solo a la reparación del daño moral y el daño material subsiguiente a una deficiente atención médica otorgada). Por su parte la Corte revocó el rechazo parcial de la acción reparatoria y reconoció al actor íntegramente su derecho al resarcimiento del daño material, con independencia de sus derechos propios de la seguridad social.

Esta doctrina de Corte es un antecedente valioso, que el legislador de la reforma de la Ley de Accidentes debió tener en cuenta, ya que la estructura de la externalización de costos empresarios, en la que basara predominantemente al sistema que creara en reemplazo del anterior, es de suponer que no podía dejar sin el resguardo de los derechos constitucionales que ampara a los ciudadanos en materia de reparación de daños.

Y ello es válido, no solo para los daños producidos con dolo, sino también para aquellos que resultan de las culpas contractuales y extracontractuales y de las responsabilidades objetivas y por riesgo en ámbitos contractuales.

El sistema creado, tiene su base por lo tanto en la afrenta de los derechos constitucionales inspirados en el principio "alterum non laedere" y la víctima que se ampare en el proceso de daños laborales, cuando logre demostrar los presupuestos de responsabilidad y la extensión de los daños, deberá impugnar por inconstitucional el art. 39 de la LRT 24.557, en cuanto el mismo pueda ser interpretado como un vallado para intentar el reclamo de esos derechos.

Con acierto Hebe Mabel Leonardi de Herbón, sostiene: "... ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien ha puesto las bases de ese principio (la responsabilidad derivada del daño) anclándolo constitucionalmente."

"Una norma análoga, similar, no se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos de América ni en otras constituciones. Su redacción tuvo como artífices a los presbíteros Antonio Sáenz y Pedro Ignacio de Castro Barros quienes con belleza literaria, y espíritu liberal, insertaron un principio general del Derecho en nuestros antecedentes constitucionales".

La Corte en 1992, reiteró esta doctrina, sosteniendo: "La responsabilidad que fijan los artículos 1109 y 1113 del Código Civil sólo consagra el principio general establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los "hombres" perjudicar los derechos de un tercero".

Y para esa misma época la C.S.J.N., se encargó de resaltar que el principio del "naeminem laedere", alcanza todas las disciplinas jurídicas, que resultan vasallas de esta regla básica de conducta.

"El principio del "alterum non laedere", entrañablemente vinculado con la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regla cualquier disciplina jurídica."

Si como la Corte de Casación francesa, o la C.S.J.N., se admite la base constitucional del "naeminem laedere", como consecuencia de ello se desprende necesariamente la desactivación de toda norma infraconstitucional que impida el ejercicio, restrinja o desvirtúe, el procesamiento de derechos impuestos por el reconocimiento de este deber.